El secretario de Seguridad Pública de Chihuahua, Gilberto Loya Chávez, defendió el memorándum firmado en 2022 por la gobernadora Maru Campos con el gobernador de Texas, Greg Abbott, en materia de seguridad fronteriza. El funcionario sostuvo que el acuerdo responde a la relación entre dos territorios vecinos y no implica que autoridades texanas operen directamente en Chihuahua, aunque el tema volvió al debate público tras señalamientos por la participación de agentes estadounidenses en la entidad.
Loya Chávez explicó que el convenio surgió en un contexto de tensión comercial, cuando Texas impuso una segunda revisión a mercancías provenientes de Chihuahua. Esa medida generó retrasos y afectaciones económicas para la industria local, por lo que ambos gobiernos buscaron una salida para mantener la seguridad y agilizar el cruce fronterizo. Desde la versión estatal, el memorándum estableció compromisos separados para cada territorio, sin cesión de facultades operativas.
El funcionario también señaló que las revisiones habrían detectado problemas de seguridad en una parte importante de los vehículos comerciales que cruzaban hacia Texas, lo que habría justificado la colaboración. Sin embargo, el acuerdo incluyó medidas sensibles como el uso de tecnología de vigilancia, drones, bases de datos, inteligencia artificial y filtros biométricos, elementos que abren preguntas sobre el alcance real de la cooperación y el manejo de información estratégica.
La defensa del gobierno de Chihuahua ocurre después de que se difundiera que la administración de Maru Campos había sostenido acuerdos previos con autoridades estadounidenses, en medio de la polémica por la participación de agentes de la CIA en el hallazgo de un narcolaboratorio en el municipio de Morelos. El señalamiento central no es solo la cooperación fronteriza, sino si esta se realizó dentro de los cauces federales que exige la legislación mexicana.
Loya Chávez negó que Chihuahua realice tareas migratorias o que agentes de Texas utilicen infraestructura estatal para operar en territorio mexicano. Aun así, la controversia coloca bajo revisión política a Maru Campos, pues la colaboración internacional en seguridad debe pasar por las autoridades federales y no puede depender únicamente de pactos entre gobiernos estatales, especialmente cuando involucra temas de frontera, vigilancia y combate al crimen organizado.
El caso mantiene abierto un debate sobre los límites de la cooperación local con gobiernos extranjeros. Aunque Chihuahua argumenta que actuó por razones económicas y de seguridad, la falta de claridad sobre la participación de agencias estadounidenses y la coordinación con la federación alimenta cuestionamientos sobre la actuación del gobierno de Maru Campos, en un momento en que la seguridad fronteriza vuelve a cruzarse con soberanía, comercio y política nacional.
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