La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que las presuntas irregularidades en la contratación de materiales electorales del Instituto Nacional Electoral (INE) no comenzaron durante la gestión de Guadalupe Taddei, sino que tienen antecedentes desde hace casi tres décadas, por lo que pidió investigar a fondo y deslindar responsabilidades.
Durante su conferencia matutina de este jueves 5 de noviembre, la mandataria respaldó la investigación presentada por la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, sobre una presunta red empresarial vinculada con los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, que habría obtenido contratos por 2 mil 94 millones de pesos en 23 de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).
Sheinbaum sostuvo que el caso no debe limitarse a la actual presidencia del organismo electoral, pues los antecedentes de los empresarios y sus relaciones con funcionarios públicos se remontan a la década de 1980, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.
“¿De dónde sale todo este cochinero, esta mafia electoral? No surgió con Taddei”, declaró, al señalar que las contrataciones deben ser revisadas por las autoridades fiscalizadoras y ministeriales para determinar si existieron actos ilegales.
La presidenta también cuestionó al expresidente del INE, Lorenzo Córdova, al considerar que durante su administración se mantuvieron las relaciones comerciales con estas empresas sin establecer mecanismos suficientes para impedir posibles irregularidades.
Contratos millonarios y presuntas empresas fachada
Buenrostro explicó que la revisión se realizó mediante información de la Plataforma Nacional de Transparencia y el histórico de CompraNet, con registros de contrataciones entre 2015 y 2023.
De acuerdo con la investigación, las empresas vinculadas con los hermanos Hernández Casillas habrían simulado competencia en licitaciones mediante propuestas coordinadas para favorecer a una firma previamente seleccionada.
Entre las compañías señaladas se encuentran Formas Finas y Materiales, Cajas Graf, Seriplast de México, Comercializadora JVLY, Corporativo ZEG y Formas Finas Fernando Fernández.
La funcionaria indicó que algunas empresas compartían domicilios y teléfonos, carecían de empleados o capacidad técnica suficiente y presuntamente utilizaron personas físicas y morales para ocultar a los beneficiarios finales de los recursos.
Los contratos reportados incluyen 570.4 millones de pesos en Veracruz, 314.2 millones en Nuevo León y 203.6 millones en Hidalgo.
Por su parte, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Omar Colmenares, informó que se identificaron operaciones financieras con indicadores de riesgo, como transferencias rápidas entre cuentas y movimientos hacia personas sin actividad comercial aparente.
Derivado de estos análisis, la UIF incorporó a 25 personas físicas y 15 morales a la Lista de Personas Bloqueadas y presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).
La dependencia precisó que esta medida es preventiva y no constituye una determinación definitiva de responsabilidad.
Talleres Gráficos y nuevas reglas de contratación
Sheinbaum anunció que su gobierno presentará un decreto para fortalecer Talleres Gráficos de México, organismo encargado de producir las boletas electorales federales.
La propuesta contempla modernizar sus equipos y modificar su esquema de gobernanza para incorporar a más dependencias, instituciones académicas y representantes de la Auditoría Superior de la Federación como observadores.
Además, pidió al INE establecer lineamientos claros y transparentes para las contrataciones, tanto a nivel federal como en los organismos electorales estatales.
La mandataria consideró que estas medidas son necesarias para garantizar certeza en los comicios de 2027 y evitar que las presuntas irregularidades de administraciones anteriores comprometan la confianza ciudadana en las instituciones electorales.
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