La Fiscalía General de la República (FGR) asumió la investigación de una denuncia contra el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, de Movimiento Ciudadano (MC), por presuntas agresiones, detenciones arbitrarias y actos de tortura atribuidos a policías estatales durante una manifestación ciudadana.
La investigación está relacionada con los acontecimientos del 11 de octubre de 2026, cuando habitantes de Guadalajara protestaron frente a Casa Jalisco para exigir el suministro de agua limpia y fueron intervenidos por elementos de seguridad.
La abogada y activista Adriana Gabriela Arreola Dueñas denunció haber sido golpeada, humillada y detenida junto con su hija de 19 años, después de intentar intervenir cuando policías presuntamente agredían a otros manifestantes.
Según su testimonio, varias agentes la sometieron físicamente y la trasladaron por la fuerza al interior del complejo gubernamental, donde habría sufrido nuevas agresiones.
Las lesiones denunciadas quedaron registradas en documentos médicos, mientras otras personas detenidas también señalaron amenazas, malos tratos y restricciones para comunicarse con sus familiares.
FGR revisará actuación policial durante protesta por agua limpia
La denunciante solicitó la intervención federal debido a su desconfianza en las investigaciones de las autoridades estatales.
La FGR notificó que asumió las diligencias relacionadas con los hechos denunciados, lo que abre una nueva etapa para esclarecer la actuación de los policías y posibles responsabilidades de funcionarios.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos también intervino en el caso, mientras la comisión estatal ha descartado, hasta ahora, que existan elementos suficientes para establecer actos de tortura.
El gobernador Lemus había reconocido previamente excesos durante el operativo y anunciado investigaciones internas.
Sin embargo, las denuncias mantienen bajo cuestionamiento la actuación de las fuerzas de seguridad de su administración, particularmente por el trato recibido por ciudadanos que exigían solución a un problema de servicios públicos.
El abogado José Francisco Salazar González busca que se identifique a los responsables y se garantice la reparación de los daños denunciados.
La apertura de la investigación no acredita responsabilidad penal del gobernador ni de los agentes señalados, cuya actuación deberá ser esclarecida mediante las diligencias correspondientes.
Fotografía: Redes
