En un giro relevante dentro del proceso judicial contra el exmandatario venezolano, el gobierno de Estados Unidos autorizó una modificación puntual a su régimen de sanciones para permitir que Venezuela cubra los honorarios legales de la defensa de Nicolás Maduro, actualmente detenido en Nueva York.
La decisión, formalizada a través de un documento judicial presentado ante el tribunal federal de Manhattan, busca destrabar un conflicto legal que amenazaba con complicar el desarrollo del juicio por cargos de narcotráfico y conspiración.
El abogado defensor, Barry Pollack, había solicitado previamente la desestimación del caso argumentando que las sanciones impedían que su cliente pudiera pagar una defensa adecuada. Según su planteamiento, esta limitación vulneraba el derecho constitucional a elegir representación legal.
Ante ello, el Departamento del Tesoro accedió a permitir, bajo condiciones específicas, que el gobierno venezolano realice pagos a los abogados, eliminando así uno de los principales obstáculos jurídicos del proceso.
Durante audiencias recientes, el juez federal Alvin Hellerstein dejó claro que, si bien no contemplaba desechar el caso, sí consideraba problemático impedir el acceso a defensa legal.
El magistrado subrayó que el derecho a la asistencia letrada es fundamental dentro del sistema judicial estadounidense, incluso para acusados extranjeros. Esta postura influyó en la revisión de las restricciones impuestas por el Ejecutivo.
Por su parte, el fiscal Kyle Wirshba sostuvo que las sanciones estaban justificadas por razones de política exterior y seguridad nacional, y enfatizó que el poder judicial no tiene facultades para modificar decisiones del Ejecutivo en esta materia.
Sin embargo, el contexto político ha cambiado desde la salida de Maduro del poder, con señales de distensión entre Washington y Caracas bajo la administración interina encabezada por Delcy Rodríguez.
Maduro, de 63 años, y su esposa Cilia Flores, fueron detenidos en Caracas en enero y trasladados a Estados Unidos, donde permanecen en prisión preventiva en Brooklyn.
Ambos enfrentan acusaciones relacionadas con narcotráfico internacional, aunque se han declarado inocentes. La defensa sostiene que los cargos carecen de sustento y responden a intereses políticos.
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