El coordinador de Gabinete del Gobierno de Puebla, José Luis García Parra, rechazó que exista una persecución política contra el exalcalde de la capital, Eduardo Rivera Pérez, luego de que el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) resolvió inhabilitarlo por 15 años y aplicarle una sanción económica por presuntas irregularidades durante su gestión.
Ante los señalamientos de partidos de oposición, que vincularon la resolución con el escenario electoral de 2027, el funcionario cuestionó sus acusaciones y lanzó: “¿Son atrevidos o ignorantes?”
García Parra sostuvo que el Poder Ejecutivo estatal no intervino en el procedimiento ni tiene facultades para influir en las determinaciones de las autoridades jurisdiccionales. Además, subrayó que desconoce los elementos específicos que tomó en cuenta el tribunal para emitir la sanción contra el panista.
Para desestimar que se trate de una acción con fines electorales, recordó que desde julio de 2025 el gobernador Alejandro Armenta pidió públicamente a los expresidentes municipales acercarse a la Auditoría Superior del Estado (ASE) para revisar las observaciones de sus cuentas públicas y entregar la documentación necesaria para aclararlas.
De acuerdo con el coordinador de Gabinete, la autoridad fiscalizadora notificó a los exediles sobre los pendientes detectados y les concedió nuevos plazos para presentar pruebas y solventar las observaciones.
El funcionario afirmó que estos exhortos se realizaron en distintas ocasiones durante el año pasado, por lo que consideró que el inicio del proceso electoral no puede convertirse en un argumento para evadir responsabilidades administrativas.
“¿De cuándo acá el que inicie un proceso electoral implica que habrá un velo protector y que no debas asumir responsabilidades?”, expresó.
También indicó que los exalcaldes que tengan procedimientos pendientes deben atenderlos ante las instancias correspondientes, incluso cuando existan investigaciones en curso ante la Fiscalía.
La postura estatal contrasta con la de Rivera Pérez, quien calificó la resolución como parte de un supuesto “ataque sistemático” en su contra y anunció que recurrirá a la impugnación.
El exedil panista argumentó que la determinación no es definitiva y sostuvo que no se acreditó el señalamiento por presunto abuso de funciones. Mientras tanto, el procedimiento deberá continuar por las vías legales correspondientes.
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