La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno de Puebla mantiene abiertas diversas investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades y posibles sobrecostos en proyectos de obra pública contratados durante administraciones estatales anteriores.
El titular de la dependencia, Alejandro Espidio Reyes, informó que entre los expedientes que actualmente son analizados se encuentra el esquema de contratación utilizado para el Museo Internacional del Barroco (MIB), proyecto desarrollado bajo las modalidades de Asociación Público-Privada (APP) y Proyectos para Prestación de Servicios (PPS).
De acuerdo con el funcionario, la revisión busca determinar el impacto que tuvieron estos contratos en las finanzas públicas y establecer si existieron actuaciones que pudieran derivar en responsabilidades administrativas o legales.
Uno de los puntos centrales de la investigación corresponde al contrato del Museo Internacional del Barroco, cuya terminación anticipada representó un monto de alrededor de 2 mil millones de pesos, de acuerdo con lo señalado por la autoridad estatal.
Espidio Reyes explicó que las investigaciones no se limitan al aspecto financiero, pues también contemplan el análisis de las disposiciones legales que estaban vigentes cuando fueron celebrados los contratos.
La dependencia revisa además cómo fueron ejercidos los recursos públicos durante la vigencia de los convenios, con el objetivo de integrar expedientes técnicos y jurídicos que permitan establecer si hubo irregularidades y quiénes serían los responsables.
Una vez que concluyan las investigaciones, corresponderá a las instancias competentes determinar las medidas que procedan, las cuales podrían incluir sanciones administrativas o acciones legales contra exservidores públicos o empresas involucradas.
También fiscalizan SEP, SOAPAP y Capcee
El funcionario estatal añadió que las revisiones abarcan otros organismos y dependencias, entre ellos la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Soapap) y el Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (Capcee).
Estos procesos forman parte del programa anual de actividades de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno y requieren el desahogo de distintas etapas de fiscalización, así como una revisión extraordinaria de documentación.
La dependencia prevé que los expedientes avancen durante los próximos meses para que antes de concluir 2026 puedan presentarse los informes correspondientes sobre las posibles irregularidades detectadas y, en su caso, las sanciones que resulten procedentes.
Con ello, el gobierno estatal busca cerrar las investigaciones con elementos técnicos y jurídicos suficientes para deslindar responsabilidades sobre el manejo de recursos públicos en proyectos contratados por administraciones anteriores.
Foto: Agencia Enfoque
