Miles de estudiantes, docentes y trabajadores universitarios salieron nuevamente a las calles de Buenos Aires para exigir al gobierno de Javier Milei el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, en una jornada que terminó marcada por gases lacrimógenos, camiones hidrantes y corridas frente al Congreso argentino.
La movilización, correspondiente a la quinta Marcha Federal Universitaria, reclamó mayores recursos para universidades públicas, actualización salarial y financiamiento para becas. El reclamo llega además después de que la Justicia determinara que el Ejecutivo no había acreditado el cumplimiento de una cautelar que obliga a actualizar salarios y apoyos estudiantiles.
La tensión escaló cuando un grupo reducido de encapuchados comenzó a arrojar objetos y golpear las vallas instaladas alrededor del Congreso. Las fuerzas de seguridad respondieron con gases y chorros de agua, una intervención que alcanzó también a personas que participaban pacíficamente en la movilización.
Ajuste universitario enfrenta presión judicial y social
El operativo ocurre apenas un día después de que el juez Martín Cormick impusiera multas diarias de 100 mil pesos al jefe de Gabinete por incumplir la cautelar relacionada con el financiamiento universitario.
Las consecuencias del despliegue policial incluso alcanzaron instalaciones legislativas: parte del gas ingresó al anexo del Congreso y varios diputados necesitaron asistencia.
El gobierno de Milei mantiene su resistencia a ampliar el gasto universitario bajo el argumento de preservar el equilibrio fiscal. Sin embargo, las universidades sostienen que la falta de actualización presupuestaria deteriora salarios, investigación, becas y funcionamiento institucional. El proyecto presupuestario para 2027 contempla 7.3 billones de pesos para universidades, frente a los 11 billones reclamados por los rectores.
La protesta volvió así a mostrar el creciente choque entre la política de ajuste del Ejecutivo y un sistema universitario que reclama recursos y el cumplimiento efectivo de una ley aprobada por el Congreso.
Fotografía: Redes
