La disputa por la sede de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Puebla abrió nuevas alternativas para el gobierno estatal, luego de que Zacatlán y San Pedro Cholula ofrecieran terrenos e infraestructura para recibir la institución, cuyo proyecto en Cuautlancingo quedó en suspenso tras una protesta vecinal.
La alcaldesa de Zacatlán, Beatriz Sánchez, propuso habilitar un predio y espacios municipales para instalar un campus que acerque la educación superior a estudiantes de la Sierra Norte. El ofrecimiento fue presentado durante el programa Martes del Pueblo, dirigido al gobernador Alejandro Armenta.
Por su parte, la presidenta municipal de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández Díaz, solicitó que su demarcación sea considerada para albergar una universidad pública. La edil aseguró que cuenta con dos espacios disponibles y argumentó que la institución beneficiaría tanto a jóvenes cholultecas como a habitantes de localidades cercanas de la región Izta-Popo.
La propuesta cobra relevancia ante la falta de una institución pública de educación superior en San Pedro Cholula, según señaló Fernández Díaz, quien afirmó que su administración ha realizado gestiones para concretar el proyecto.
Omar Muñoz, bajo cuestionamiento por falta de previsión tras protesta
La protesta que frenó la colocación de la primera piedra de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Cuautlancingo puso bajo cuestionamiento la capacidad de gestión del alcalde Omar Muñoz Alfaro. El acto, programado para el 26 de octubre con la presencia del gobernador Alejandro Armenta, fue interrumpido por vecinos inconformes con la construcción del plantel en los campos deportivos Xelhua.
La controversia evidenció la falta de acuerdos entre las autoridades municipales y un sector de la población, que advirtió sobre posibles afectaciones a las áreas verdes, los espacios recreativos y la movilidad. Ante este escenario, Muñoz debe aclarar si conocía previamente el rechazo vecinal y qué acciones emprendió para atender las inconformidades antes de convocar al mandatario estatal.
Aunque el alcalde defendió el proyecto como una oportunidad para que los jóvenes accedan a la educación superior sin asumir gastos adicionales de transporte, también atribuyó intereses políticos a quienes se oponen a la obra. Sin embargo, las explicaciones sobre la actuación del Ayuntamiento siguen pendientes, particularmente respecto a la falta de diálogo y previsión para evitar que el conflicto escalara durante un acto oficial.
Tras la protesta, Armenta anunció una consulta para determinar si la universidad se construirá en los campos Xelhua o si será necesario buscar otra ubicación. La decisión mantiene en incertidumbre el futuro del proyecto, que cuenta con una inversión estatal prevista de 100 millones de pesos para la unidad de Ciencias de la Salud.
Mientras se define la sede, Omar Muñoz enfrenta el reto de explicar qué falló en la gestión del conflicto y cómo responderá a las preocupaciones de los habitantes. La prioridad de ampliar la oferta educativa no elimina la obligación de las autoridades de informar sobre el proyecto, escuchar a la ciudadanía y transparentar las decisiones relacionadas con el uso de espacios públicos.
Foto: Agencia Enfoque
