La grabación de una nueva temporada del reality “Supervivientes” en Cayos Cochinos, Honduras, generó protestas de comunidades garífunas que reclaman respeto a sus territorios ancestrales. El conflicto se concentra en Playa Uva, en la costa atlántica del país, donde pobladores denuncian que las actividades de la producción han alterado su vida cotidiana. Pescadores señalan dificultades para realizar sus labores, mientras habitantes de la zona también expresan preocupación por el acceso al agua y por las condiciones ambientales durante la temporada de desove de la tortuga carey.
La tensión aumentó luego de que un juzgado de San Pedro Sula emitiera una orden para desalojar a personas consideradas ocupantes no autorizados en el área. La medida provocó una reacción inmediata de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), que mantiene una movilización para exigir el reconocimiento de los derechos de las comunidades garífunas. La organización anunció que mantendrá la protesta y cuestionó la presencia de fuerzas de seguridad en la zona. El despliegue policial se produjo mientras integrantes de las comunidades permanecían movilizados contra las condiciones en las que se desarrolla el programa de televisión.
El sitio donde se realizan las grabaciones está relacionado con la Sociedad de Inversiones Ecológicas, empresa cuyo principal inversionista es identificado por organizaciones defensoras del territorio como Fundación Azteca Honduras, vinculada al Grupo Salinas de Ricardo Salinas Pliego. OFRANEH sostiene que la controversia forma parte de un problema más amplio relacionado con la falta de reconocimiento efectivo de los derechos territoriales de las comunidades garífunas. La organización también reclama el cumplimiento de resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que establecen obligaciones para Honduras respecto de estas poblaciones.
El enfrentamiento ocurre además en un contexto de creciente disputa por tierras y proyectos productivos en Honduras. Durante el gobierno de Nasry Asfura se impulsaron medidas para fortalecer el sector agroindustrial y facilitar actividades productivas, mientras organizaciones sociales han advertido sobre sus posibles efectos en comunidades campesinas, indígenas y garífunas. Para los pobladores de Cayos Cochinos, el conflicto no se limita a la presencia de una producción televisiva, sino que representa una nueva disputa por el uso y control de un territorio que consideran ancestral. Mientras continúan las grabaciones y las protestas, la exigencia central de las comunidades es que sus derechos sean tomados en cuenta antes de autorizar actividades que afecten su territorio.
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