La salida de Guadalupe Lucero Bárcenas de la presidencia municipal de Acatlán de Osorio no la exime de posibles sanciones en caso de que la Auditoría Superior del Estado (ASE) de Puebla detecte irregularidades relacionadas con el manejo o uso indebido de recursos públicos.
Así lo declaró el diputado José Miguel Trujillo de Ita, presidente de la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado del Congreso de Puebla, quien confirmó que el órgano fiscalizador mantiene abierta la revisión de las finanzas municipales por las presuntas anomalías denunciadas durante la administración anterior.
En entrevista este viernes 25 de septiembre, el legislador explicó que la auditoría solicitada por el Poder Legislativo mantiene avances, aunque la ASE conserva bajo reserva la información relacionada con el procedimiento para evitar afectaciones al debido proceso.
Trujillo de Ita señaló que los resultados deberán darse a conocer conforme a los plazos que establezca el propio órgano auditor. A partir de sus conclusiones, el Congreso podrá determinar si existen elementos que ameriten remitir el caso a otras autoridades competentes.
Renuncia no elimina eventuales responsabilidades
El diputado aseguró que la renuncia de Guadalupe Bárcenas al Ayuntamiento no pone fin a la fiscalización ni impide establecer responsabilidades en caso de que las investigaciones acrediten irregularidades en el ejercicio de recursos públicos.
“Todos los entes que manejan recursos públicos están obligados a comprobarlos de manera adecuada; si hubiese un tema de malversación de fondos o mal uso de los recursos, por supuesto que tendría las sanciones correspondientes aunque ya no esté”, sentenció.
El legislador reiteró que el Congreso esperará el dictamen de la ASE antes de determinar los siguientes pasos, por lo que hasta el momento no existe una resolución pública que confirme desvío de recursos o malversación de fondos.
La revisión a las arcas municipales surgió después de que, a mediados de 2026, siete regidores y el síndico municipal denunciaron presuntas irregularidades en el manejo de recursos atribuidas a la entonces presidenta municipal. Los señalamientos también incluyeron acusaciones de opacidad y abuso de poder.
El conflicto político se prolongó durante más de tres meses y terminó con la renuncia de la alcaldesa y de integrantes del Cabildo. Posteriormente, el Congreso determinó la desaparición del Ayuntamiento y designó un Concejo Municipal para concluir el periodo constitucional.
La fiscalización permanece abierta mientras el nuevo Concejo también avanza en el proceso de entrega-recepción. Incluso solicitó que la ASE participe en esa etapa para dar certeza sobre la situación financiera y administrativa que recibió de la administración saliente.
Fotografía: Agencia Enfoque
