El gobierno de Estados Unidos solicitó formalmente a México revisar una presunta denegación de derechos laborales en la planta de GLM Components México, ubicada en el parque industrial Chachapa, en Amozoc, Puebla. El procedimiento fue activado mediante el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR) del T-MEC y representa el caso número 50 tramitado bajo esta herramienta comercial.
La solicitud fue presentada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos después de una petición promovida el 8 de septiembre de 2026 por el Sindicato Regeneración Nacional de Trabajadores y Empleados de la República Mexicana “Morenas”. La organización acusa a la compañía de intervenir en actividades sindicales y vulnerar los derechos de libertad de asociación y negociación colectiva.
De acuerdo con la denuncia, trabajadores también habrían sido despedidos presuntamente como represalia por participar en actividades de organización laboral. Estos señalamientos deberán ser revisados por las autoridades mexicanas antes de determinar si efectivamente existió una violación a los derechos contemplados dentro del tratado comercial.
Estados Unidos suspende liquidación aduanera de productos de la planta
Como parte del procedimiento, Washington ordenó suspender la liquidación de las entradas aduaneras correspondientes a productos fabricados en la planta poblana, una medida cautelar que permanecerá vinculada al desarrollo del caso. GLM Components, de origen italiano, se especializa en la fabricación de soportes para tubos y chapas destinados principalmente a sistemas de escape del sector automotriz.
Tras recibir la solicitud estadounidense, México dispone de 10 días para determinar si acepta realizar la revisión planteada dentro del mecanismo laboral del T-MEC. Si la respuesta es afirmativa, las autoridades mexicanas contarán posteriormente con un plazo de 45 días para investigar los señalamientos y comunicar sus conclusiones a Estados Unidos.
El procedimiento coloca nuevamente a Puebla dentro de los casos laborales revisados bajo las reglas comerciales de Norteamérica, aunque por ahora no existe una resolución sobre las acusaciones. La investigación deberá definir si las prácticas denunciadas ocurrieron y, en su caso, qué medidas deberán aplicarse para reparar las posibles afectaciones a los trabajadores.
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