El gobernador Alejandro Armenta envió al Congreso de Puebla una iniciativa para ampliar las facultades del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado (Issstep) y permitirle financiar la compra, construcción y remodelación de viviendas mediante créditos con plazos de hasta 30 años.
La propuesta, recibida por el Poder Legislativo el pasado 29 de octubre, contempla la creación del Fondo de la Vivienda del Instituto, que operará con aportaciones de los trabajadores y de las instituciones públicas, además de los rendimientos financieros y la recuperación de los financiamientos otorgados.
Uno de los principales puntos del proyecto es que la aportación de 0.50 por ciento correspondiente a los trabajadores no representará un descuento adicional a sus salarios, debido a que se obtendrá de la cuota global del 13 por ciento que actualmente entregan al Issstep, mediante una redistribución de los recursos.
Las instituciones públicas deberán aportar otro 0.50 por ciento para integrar el fondo, cuyos recursos estarán destinados exclusivamente a programas habitacionales.
El mecanismo permitirá financiar distintas modalidades de vivienda, entre ellas la adquisición de casas y terrenos, construcción, ampliación, reparación, mejoramiento y autoproducción de inmuebles. También podrá cubrir deudas relacionadas con propiedades y desarrollar infraestructura habitacional.
La iniciativa establece que los financiamientos se otorgarán por una sola ocasión y tendrán un plazo máximo de 30 años para liquidarse. La organización, administración y recuperación de los créditos quedarán sujetas a las disposiciones que apruebe la Junta Directiva del Instituto.
En una primera etapa, el gobierno estatal plantea dar prioridad a trabajadores de seguridad pública, Protección Civil, bomberos y guardia forestal, aunque esta medida no excluirá al resto de los derechohabientes.
Más de 165 mil derechohabientes
De acuerdo con las cifras incluidas en la iniciativa, hasta septiembre de 2026 el Issstep contaba con 165 mil 254 derechohabientes, de los cuales 67 mil 631 eran trabajadores activos, 13 mil 757 pensionistas y 83 mil 866 familiares.
El Ejecutivo sostiene que el fondo funcionará con recursos propios y sin comprometer el dinero destinado al pago de pensiones ni a los servicios médicos. Asimismo, establece que los rendimientos financieros no podrán utilizarse para otros propósitos.
La propuesta retoma el anuncio que Armenta realizó el 19 de octubre, cuando adelantó que más de 70 mil trabajadores podrían beneficiarse y mencionó un primer desarrollo habitacional en un terreno de seis hectáreas en Ciudad Maderas, municipio de Cuautinchán.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Trabajo, Competitividad y Previsión Social del Congreso local para su análisis y dictaminación. Los cambios todavía deben ser discutidos y aprobados por los diputados, mientras que los requisitos y las condiciones específicas para solicitar los créditos deberán definirse posteriormente.
Foto: Redes
