Una menor indígena de 12 años no pudo presentar una denuncia por violación en la Fiscalía Regional de Huauchinango, debido a la ausencia de un intérprete certificado de lengua náhuatl, lo que impidió que su testimonio fuera comprendido y registrado.
El Movimiento Organizado de Mujeres Serranas (Moms) informó que los padres de la menor se trasladaron más de dos horas hasta la fiscalía con la esperanza de que se hiciera justicia, pero la denuncia no pudo tramitarse por la falta de personal capacitado para comunicarse en su idioma. La organización calificó este hecho como una forma de discriminación hacia los pueblos indígenas, al representar una barrera significativa para el acceso a la justicia.
Moms destacó que la menor acudió a la fiscalía buscando justicia, pero su voz no fue escuchada. Para la organización, este caso refleja la urgente necesidad de garantizar intérpretes certificados en instituciones de justicia para pueblos originarios.
En respuesta, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, anunció que se buscará una coordinación entre la Secretaría de Mujeres y la Fiscalía del Estado para atender estas deficiencias. El mandatario explicó que se incluirá a jóvenes traductores certificados de las siete lenguas indígenas más representativas del estado en cada región y que se destinarán recursos adicionales para contratar abogados capacitados en idiomas indígenas.
Armenta Mier también informó que llevará esta queja directamente a la titular de la Fiscalía de Puebla, Idamis Pastor Betancourt, para que se implementen medidas que eviten que situaciones similares se repitan.
Este caso evidencia la urgente necesidad de garantizar que los pueblos indígenas puedan acceder a la justicia sin obstáculos lingüísticos, evitando que la barrera del idioma se convierta en un impedimento para proteger sus derechos fundamentales.
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