La posibilidad de que una mujer asuma por primera vez la dirigencia municipal del Partido Acción Nacional (PAN) en Puebla capital ha provocado una nueva división dentro de la militancia panista. Mientras algunos sectores ven este escenario como un avance hacia la equidad y la alternancia, otros lo perciben como una imposición orquestada desde fuera del partido.
El conflicto se detonó tras la decisión del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP), que resolvió anular el proceso interno que había dado como ganador a Manuel Herrera Rojas, en respuesta a la impugnación presentada por la exaspirante Guadalupe Leal. El tribunal ordenó repetir la elección interna, argumentando que en toda la historia del PAN en Puebla capital, nunca una mujer ha ocupado la presidencia del comité municipal, y que esta situación debía corregirse en favor de la alternancia de género.
La decisión no fue bien recibida por todos dentro del partido. El diputado local panista Rafael Micalco Méndez expresó su rechazo, señalando que el tribunal había intervenido en asuntos que son competencia exclusiva del PAN. Micalco consideró que la resolución excede sus funciones, y fue más allá al sugerir que el partido Morena y el gobierno estatal podrían estar detrás de esta decisión, acusando al tribunal de actuar como un instrumento político del oficialismo.
Por su parte, Manuel Herrera, quien había sido declarado ganador en el proceso anulado, también manifestó su desacuerdo con la resolución del tribunal. En una rueda de prensa realizada el 6 de octubre —donde estuvo acompañado por mujeres militantes del partido—, anunció que llevará el caso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Herrera advirtió que agotará todas las vías legales para revertir la decisión, al considerar que hubo falta de imparcialidad por parte de los magistrados locales.
En contraste, figuras como Ana Teresa Aranda, exdirigente estatal del PAN, salieron en defensa de la resolución judicial. A través de sus redes sociales, criticó fuertemente las posturas contrarias a la paridad de género. En sus palabras, el desacuerdo de algunos actores dentro del partido no solo refleja una resistencia al cambio, sino que también representa una forma de violencia política contra las mujeres que luchan por espacios de representación.
Además, Aranda enfatizó que lo que está en juego no es una confrontación política, sino el reconocimiento de una deuda histórica del partido con las mujeres. Aseguró que la equidad dentro de las estructuras del PAN es una exigencia legítima, no una imposición externa.
Finalmente, se destacó que la impugnación de Guadalupe Leal fue presentada desde mayo de este año, poco después de emitirse la convocatoria interna del PAN, lo que refuerza que su reclamo no surgió como reacción a los resultados, sino como un cuestionamiento anticipado al proceso.
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