El gobierno de Estados Unidos solicitó formalmente a México revisar las condiciones laborales de aproximadamente 800 trabajadores de la planta de Mondelēz México ubicada en Puebla, luego de recibir denuncias relacionadas con posibles violaciones a los derechos sindicales.
La petición fue emitida por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), tras señalamientos de trabajadores de la empresa productora de marcas como Oreo, Trident y Halls, quienes acusaron limitaciones a la libertad de asociación y a la negociación colectiva, presuntamente derivadas de la imposición de un sindicato afín a la compañía.
Las denuncias fueron impulsadas por la Unión General de México (UGM), sindicato afiliado a la Froc-Conlabor, cuyos representantes solicitaron la intervención de las autoridades estadounidenses al considerar que los empleados no cuentan con condiciones para organizarse de manera independiente.
De acuerdo con la autoridad comercial estadounidense, el caso activó el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC, instrumento diseñado para atender violaciones graves a los derechos laborales en centros de trabajo de México, Estados Unidos y Canadá.
La USTR explicó que el Comité Laboral Interinstitucional para el Monitoreo y la Aplicación (ILC) evaluó la información presentada y determinó que existen indicios suficientes y confiables de una posible negación de derechos sindicales dentro de la planta poblana.
Entre los señalamientos se encuentran presuntas acciones empresariales contra trabajadores que intentan organizarse, así como restricciones de acceso a las instalaciones, cambios de puesto considerados discriminatorios y despidos relacionados con la actividad sindical.
Ante esta situación, el gobierno mexicano dispone de un plazo de 10 días para responder a la solicitud y hasta 45 días para llevar a cabo la investigación correspondiente, además de informar sus conclusiones conforme a los procedimientos establecidos en el tratado comercial.
Mientras se desarrolla el proceso, Mondelēz México deberá suspender temporalmente la liquidación de mercancías no pagadas provenientes de su planta en Puebla, lo que implica que las autoridades aduaneras estadounidenses detendrán el cobro final de aranceles e impuestos sobre esos productos.
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