El expresidente municipal de Tlatlauquitepec, Porfirio Loeza Aguilar, denunció haber sido víctima de una persecución y un ataque armado durante la noche del lunes 19 de octubre, mientras circulaba en una camioneta por la Sierra Norte de Puebla.
De acuerdo con su relato, los hechos comenzaron en una zona conocida como El Pozo, donde observó a tres personas que presuntamente ingerían bebidas alcohólicas. Minutos después, aseguró que los sujetos comenzaron a seguirlo en otro vehículo y realizaron múltiples disparos contra la unidad en la que viajaba.
Loeza afirmó que escuchó más de 14 detonaciones durante la persecución y mostró daños en su camioneta Toyota Tacoma roja que atribuyó a impactos de arma de fuego. La persecución, según su versión, continuó hasta Atotocoyan, en el municipio de Yaonáhuac, donde logró resguardarse y solicitar apoyo policial.
El exedil señaló directamente como presuntos responsables a Ángel Cabrera, director del Registro Civil; Iván Maza, director de Catastro; y Juan Gonzalo, ayudante general del Ayuntamiento de Tlatlauquitepec. Hasta ahora, esas acusaciones corresponden únicamente a la versión de Loeza y deberán ser investigadas por las autoridades competentes.
Exalcalde pide protección al Gobierno de Puebla
Tras llegar a la comandancia de Atotocoyan, Loeza solicitó acompañamiento policial y anunció que presentaría la denuncia correspondiente. También pidió la intervención del gobernador Alejandro Armenta Mier al considerar que su integridad podría estar en riesgo.
El exalcalde difundió un video en redes sociales para documentar los daños que, según afirmó, dejó la agresión en su vehículo y reiteró sus señalamientos contra los tres servidores públicos.
Hasta el momento no se ha informado públicamente sobre personas detenidas ni sobre una resolución oficial que confirme la responsabilidad de los funcionarios señalados. Tampoco se ha difundido una postura institucional del Ayuntamiento de Tlatlauquitepec respecto de las acusaciones.
El caso deberá ser esclarecido mediante las investigaciones correspondientes para determinar quién realizó los disparos, el móvil de la agresión y si existe participación de servidores públicos.
Fotografía: Redes
