La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla analiza la posibilidad de asumir directamente la administración de los 11 centros penitenciarios que todavía se encuentran bajo responsabilidad de los ayuntamientos, después de que el diagnóstico más reciente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhibiera deficiencias en buena parte del sistema penitenciario estatal.
El titular de la SSP, Francisco Sánchez González, explicó que el gobierno estatal revisará las condiciones jurídicas, operativas y financieras de estos centros antes de definir si resulta viable concentrar su administración bajo un mando estatal.
El planteamiento surge después de que el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2025 ubicara a 14 de los 16 centros evaluados en Puebla con calificaciones reprobatorias. Entre los principales problemas detectados se encuentran sobrepoblación, falta de personal de seguridad y custodia, deficiencias en atención médica y condiciones que favorecen esquemas de autogobierno.
Estado busca mejorar condiciones dentro de los penales
Sánchez González explicó que una eventual transferencia permitiría al Estado intervenir directamente en aspectos como habitabilidad, alimentación, mantenimiento, seguridad y reducción del hacinamiento, además de facilitar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por organismos defensores de derechos humanos.
Actualmente, los ayuntamientos son responsables de la operación y gastos de 11 penales, mientras que el gobierno estatal administra directamente otros cuatro centros y participa en tareas de supervisión de los municipales.
La revisión no parte de cero. Desde febrero, la SSP había planteado evaluar las cárceles municipales tras una fuga registrada en San Pedro Cholula, episodio que volvió a evidenciar problemas de vigilancia y capacidad operativa.
El panorama también incluye casos especialmente críticos. Acatlán de Osorio obtuvo una calificación de 3.42, mientras Huejotzingo, Libres, Huauchinango, Xicotepec y Tehuacán también quedaron entre los peor evaluados.
La SSP prevé establecer mesas de trabajo para determinar si la legislación permite asumir completamente la operación de los centros municipales. De concretarse, Puebla avanzaría hacia un esquema penitenciario más centralizado, con el objetivo de homologar controles, mejorar instalaciones y atender las observaciones de la CNDH.
Fotografía: Agencia Enfoque
