Tras el caso de una niña indígena que no pudo denunciar una violación por la falta de un intérprete de náhuatl en la Fiscalía Regional de Huauchinango, la Colectiva Nacional 50+1 pidió a las autoridades garantizar la presencia de traductores certificados. La organización, conformada por académicas, políticas y activistas, emitió un posicionamiento para exigir que el acceso a la justicia para los pueblos originarios no se vea vulnerado por barreras lingüísticas.
En su pronunciamiento, la colectiva reconoció el actuar de la menor y sus padres al buscar justicia a pesar de las adversidades. Asimismo, destacó la labor de la Fiscalía de Puebla al iniciar la investigación por la agresión sexual sufrida por la niña, originaria de Pahuatlán. No obstante, fue enfática en señalar que este órgano debe asegurar la disponibilidad inmediata de traductores en lenguas indígenas para integrar carpetas de investigación con celeridad y respeto a los derechos de las víctimas.
La exigencia se extendió a la Fiscalía General de la República (FGR), con el fin de que ninguna persona en otras entidades se vea excluida de su derecho a la justicia por motivos de idioma. «Exhortamos a las autoridades estatales y federales a establecer protocolos obligatorios que aseguren la disponibilidad inmediata de traductores para todos los casos provenientes de comunidades indígenas», señalaron.
Cabe recordar que la Fiscalía de Puebla ya inició un proceso contra el presunto responsable de la agresión, quien resultó ser un familiar de la víctima. Por su parte, el Movimiento Organizado de Mujeres Serranas (MOMS), que dio a conocer el hecho, afirmó que existe otra persona involucrada en el caso, pendiente de ser detenida.
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