Será a inicios de 2027 cuando el Congreso del Estado de Puebla apruebe la reforma constitucional en materia de revocación de mandato, una acción que busca armonizar la legislación local con la normativa federal vigente y garantizar que los ciudadanos puedan participar de manera efectiva en la continuidad de los gobernadores en turno. Esta medida forma parte de los esfuerzos nacionales para fortalecer la democracia participativa y asegurar que los mecanismos de rendición de cuentas estén vigentes en todos los estados.
En conferencia este martes, el diputado Julio Huerta Gómez, presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, explicó que la reforma tiene como objetivo cumplir con la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual instó al Congreso poblano a actualizar su Constitución para que coincida con las disposiciones federales sobre revocación de mandato. Además, el legislador destacó que se trata de un proceso de armonización legal, que permitirá evitar contradicciones entre la normativa local y la federal.
La iniciativa, presentada originalmente en julio de 2025, propone modificar capítulos clave de la Constitución del Estado —los números 3, 20, 21, 57, 71 y 77—. Con estas modificaciones se busca establecer un marco jurídico claro que promueva el derecho ciudadano a participar en la revocación de mandato, asegurando que los gobernadores puedan ser evaluados por la población antes de completar sus periodos. La medida, según el legislador, refuerza la idea de que los ciudadanos son parte activa en la supervisión de las autoridades.
En cuanto a la aplicación concreta del mecanismo, Huerta Gómez explicó que en Puebla la revocación de mandato será válida a partir del segundo período de la administración de Alejandro Armenta, lo que implica que los ciudadanos podrán decidir sobre la continuidad del gobernador desde el 15 de diciembre de 2027. Esto busca dar certeza jurídica al proceso, garantizando que la consulta ciudadana no afecte al primer periodo de gestión, sino que se inserte de manera ordenada en el marco legal vigente.
El legislador también aclaró que el Poder Legislativo no avanza con retraso, señalando que todavía existe un margen de tiempo suficiente para aprobar la reforma sin comprometer la armonización con la ley federal. Según Huerta Gómez, la aprobación a inicios de 2027 permitirá cumplir con los lineamientos nacionales y dar claridad a los ciudadanos sobre sus derechos de participación.
Para asegurar que la reforma sea sólida y cumpla con los objetivos de participación ciudadana, se realizarán mesas de trabajo con especialistas, organizaciones civiles y universidades, donde se discutirán los ajustes necesarios antes de someter la propuesta a votación. Este paso busca generar un consenso técnico y social, asegurando que la reforma contemple distintos puntos de vista y que la ciudadanía entienda cómo ejercer su derecho a la revocación de mandato.
Además, el diputado enfatizó que la reforma está estrechamente ligada a la Ley de Participación Ciudadana, cuyo propósito es garantizar que la población pueda influir de manera efectiva en decisiones públicas, reforzando así la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión gubernamental. Esta ley complementa la reforma constitucional y permite que los mecanismos de control ciudadano sean aplicables de manera práctica.
A nivel federal, la figura de la revocación de mandato fue reconocida en la Constitución de México en 2019, estableciendo un plazo de 18 meses para que los Congresos locales armonizaran sus leyes. Puebla no cumplió con este plazo, por lo que la Segunda Sala de la SCJN emitió un mandato para que el Congreso del Estado acelerara la aprobación de la reforma, con el objetivo de asegurar que los ciudadanos poblanos puedan ejercer este derecho conforme a la normativa nacional.
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