El Congreso de Puebla analiza una iniciativa para fortalecer la protección de los datos personales que resguardan instituciones públicas y otros sujetos obligados, mediante nuevas disposiciones que buscan impedir su transferencia, comercialización o utilización sin autorización de sus titulares.
La propuesta, presentada por el diputado Rafael Alejandro Micalco Méndez, plantea reformar y adicionar distintas disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla. El objetivo consiste en establecer mayores controles de seguridad y privacidad sobre la información personal que manejan instituciones y proveedores tecnológicos contratados.
El proyecto establece que los sujetos obligados deberán proteger los datos bajo su resguardo con los niveles de seguridad previstos en la normatividad. Además, no podrán comunicarlos, difundirlos, transferirlos, distribuirlos o comercializarlos a terceros sin consentimiento expreso del titular de la información.
Consentimiento será necesario para compartir información personal
La iniciativa contempla que la autorización pueda otorgarse por escrito o mediante un mecanismo de autenticación que permita comprobar la voluntad de la persona. Esta regla también aplicaría cuando los datos se procesen mediante plataformas digitales, sistemas tecnológicos o contratos de servicios.
Las Unidades de Transparencia deberán vigilar que las instituciones cumplan estas disposiciones. La obligación de proteger la información continuará incluso después de que termine una relación contractual, administrativa o laboral, con el propósito de evitar que los datos puedan utilizarse posteriormente sin autorización.
“El tratamiento de los datos personales es una cuestión cotidiana”, señala la iniciativa, que plantea sujetar estas actividades a principios y medidas de seguridad para proteger el derecho de las personas a decidir sobre el uso de su información.
Uso indebido de datos podría generar sanciones
El proyecto también propone incorporar como causas de sanción diversas conductas relacionadas con el manejo irregular de información. Entre ellas se encuentran usar, sustraer, divulgar, transferir, comercializar, ocultar, alterar, destruir o inutilizar datos personales sin causa legítima.
Estas disposiciones incluirían información almacenada directamente por los sujetos obligados y aquella que proveedores externos administren mediante sistemas tecnológicos. De esta forma, la reforma busca ampliar la responsabilidad sobre quienes tengan acceso a datos por motivo de su empleo, cargo, comisión o contrato.
Con estos cambios, el Congreso de Puebla busca reforzar el marco jurídico estatal ante el creciente manejo digital de información personal y garantizar que las instituciones públicas mantengan controles claros sobre el resguardo, tratamiento y transferencia de datos ciudadanos.
Fotografía: Especial
