El Congreso de Puebla analiza una iniciativa para hacer obligatorio el uso del Atlas Estatal y los Atlas Municipales de Riesgos en todos los planes de desarrollo urbano, ecológico y de infraestructura, con el objetivo de prevenir daños por fenómenos naturales y frenar decisiones públicas sin sustento técnico.
La propuesta —presentada por la diputada Marisol Amieva— busca que Puebla se armonice con la Ley General de Protección Civil, que establece la Gestión Integral de Riesgos como eje rector para analizar, reducir y controlar los factores que ponen en peligro a la población.
De herramienta consultiva a requisito legal
Actualmente, los atlas de riesgo funcionan como documentos de consulta para temas de crecimiento urbano, lo que limita su efectividad. La legisladora sostiene que esta situación ha permitido que municipios autoricen obras, fraccionamientos o cambios de uso de suelo sin un análisis técnico profundo sobre riesgos ambientales, geológicos o hidrometeorológicos.
Con la reforma planteada, los atlas se convertirían en instrumentos obligatorios que deberán integrarse de manera transversal en:
- Programas municipales y estatal de desarrollo urbano
- Planes de ordenamiento ecológico
- Proyectos de infraestructura
- Estudios de mitigación y obras públicas
- Esto obligaría a autoridades locales y estatales a justificar legalmente sus decisiones con base en los mapas de riesgo.
- Digitalización, actualización y certificación del personal
- La iniciativa también contempla una modernización integral del Sistema Estatal de Protección Civil, que incluye:
- Actualización permanente del Atlas Estatal y de los atlas municipales
- Digitalización de toda la información en un sistema georreferenciado y de consulta pública
- Participación de especialistas, academia y sociedad civil
- Certificación técnica del personal municipal y estatal en gestión de riesgos
- Enfoques de inclusión para proteger a mujeres, niñas, niños, adultos mayores y personas con discapacidad
- El documento plantea que, con estos ajustes, Puebla podría responder de manera más eficiente al cambio climático y fenómenos emergentes.
Un cambio de paradigma en protección civil
La propuesta argumenta que la Gestión Integral de Riesgos busca dejar atrás el modelo reactivo —basado en la respuesta ante emergencias— y consolidar una política de prevención, transparencia y justicia social en el uso de recursos públicos.
“La protección civil deja de ser una reacción ante la emergencia para convertirse en una política pública de prevención, desarrollo y justicia social”, señala el documento presentado ante el Congreso.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Protección Civil, donde será analizada. Si obtiene el aval de la mayoría, pasará al Pleno para su eventual aprobación.
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