Congreso de Puebla discutirá la revocación de mandato en 2026 tras orden de la Suprema Corte

El análisis forma parte de los asuntos prioritarios del Congreso, que deberá definir cómo operará este mecanismo de participación directa en el estado

El Congreso del Estado prevé iniciar el análisis de la reforma constitucional para implementar la figura de revocación de mandato en Puebla durante el segundo período legislativo de la LXII Legislatura, que comenzará a inicios de 2026.

En conferencia de prensa este martes 2 de diciembre, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (JUGOCOPO), Pavel Gaspar Ramírez, informó que la iniciativa —impulsada por el diputado Julio Huerta— forma parte de los temas prioritarios del Congreso, al tratarse de un proceso de armonización constitucional pendiente desde hace varios años.

Gaspar Ramírez detalló que actualmente la reforma está en revisión técnica y jurídica, por lo que su discusión requerirá un análisis profundo y la realización de foros con especialistas, universidades, organizaciones civiles y ciudadanía para garantizar su correcta aplicación en el estado.

“Es una reforma constitucional que estamos dictaminando; vamos a armonizar y actualmente está en revisión. Lo tenemos entre los primeros lugares y sería en el segundo periodo cuando sea analizada”, señaló.

Aplicación sería en 2028 para evaluar a la administración de Armenta

De aprobarse la reforma, la revocación de mandato en Puebla podría aplicarse en 2028, a la mitad del periodo del gobernador Alejandro Armenta Mier, como establece el modelo federal. La consulta permitiría a la ciudadanía decidir si una administración debe continuar o concluir anticipadamente su encargo.

Puebla quedó rezagada y la SCJN ordenó acelerar la discusión

La revocación de mandato fue incorporada a la Constitución mexicana en 2019, otorgando a los congresos estatales un plazo de 18 meses para homologar sus leyes. Sin embargo, en Puebla el tema no avanzó, motivo por el cual la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Poder Legislativo retomar y acelerar el dictamen.

La LXII Legislatura ahora deberá resolver el rezago y definir si incorpora este mecanismo de participación directa en la vida política del estado.

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