La comparecencia de la fiscal general de Puebla, Idamis Pastor Betancourt, ante el Congreso del Estado se desarrolló bajo un informe cargado de cifras sobre búsqueda de personas, atención a víctimas, identificación humana y determinación de expedientes rezagados. En la exposición, la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) insistió en que la institución ha logrado avances en áreas sensibles, aunque el propio recuento dejó temas en el aire que siguen siendo parte del debate público: la dimensión de las desapariciones, la respuesta frente a la violencia contra las mujeres y la consolidación de resultados judiciales.
Mientras dentro del pleno el énfasis estuvo en el reporte institucional, afuera del recinto legislativo se hicieron notar voces ciudadanas que mantienen una exigencia constante: que la justicia no solo se mida en atenciones o carpetas abiertas, sino en resoluciones verificables, sanciones claras y trato digno para las víctimas.
Búsqueda de personas e identificación humana: cifras que muestran el tamaño del reto
En materia de búsqueda de personas, Pastor Betancourt informó que la Fiscalía realizó 629 atenciones a familias de víctimas, con 300 acciones. También señaló que el Protocolo Alba inició 405 carpetas por no localización de mujeres y reportó 400 apariciones. En este panorama, identificó a Puebla capital, Tehuacán y Amozoc como los municipios con mayores reportes de desaparición en la entidad.
Como dato general, la fiscal aseguró que 1,600 personas han sido localizadas durante su gestión. Sin embargo, algunos puntos de contexto siguen siendo relevantes en la conversación pública: cuántas de esas localizaciones ocurrieron con vida, cuántas se derivaron de investigación efectiva, y cuántos casos llegaron a responsables ante un juez. Son detalles que para las familias no son secundarios, porque ahí se define si la búsqueda se convierte en justicia o se queda en trámite.
En cuanto al Programa de Identificación Humana, Pastor Betancourt reportó 293 coincidencias positivas y la entrega de 132 cuerpos a sus familiares. El avance representa un paso importante en un rubro históricamente complejo, aunque al mismo tiempo deja en evidencia que la crisis forense continúa demandando trabajo sostenido: hay identificaciones logradas, pero también procesos pendientes antes de cerrar el ciclo para muchas familias.
Rezago de carpetas y violencia de género: entre medidas reportadas y exigencias de seguimiento
En su presentación, la fiscal destacó como parte de una estrategia institucional la determinación de 31 mil 900 carpetas de investigación, incluyendo expedientes abiertos desde 2013, con el objetivo de reducir un rezago que se arrastra desde hace años.
La cifra por sí misma habla de un movimiento administrativo relevante, aunque el impacto completo suele medirse con otro tipo de indicadores: cuántos casos llegaron a sentencia, cuántos se judicializaron, cuántos se archivaron y cuántos siguen pendientes. En un contexto donde la ciudadanía suele observar con lupa los resultados, esos desgloses ayudan a entender no solo cuánto se resolvió en papel, sino cuánto se tradujo en justicia.
Respecto a la violencia contra las mujeres, Pastor Betancourt informó que se otorgaron más de 4 mil medidas de protección mediante las Casas Carmen Serdán, y señaló una reducción del 52.4% en la tasa de feminicidios. En la misma línea, sostuvo que se han obtenido 25 sentencias y que estos procesos pueden tardar hasta dos años en concluir.
Las cifras forman parte del reporte institucional, pero el tema sigue siendo uno de los más sensibles para la opinión pública y organizaciones civiles, que de manera recurrente insisten en revisar la eficacia de las investigaciones, la integración de expedientes y el acceso real a la justicia en casos de violencia extrema.
En otro apartado, la fiscal mencionó el lanzamiento de una aplicación digital para reportar llamadas sospechosas, con 3,655 usuarios registrados, aunque reconoció que solo tres reportes derivaron en casos con daño confirmado. El dato alimentó comentarios sobre el alcance práctico de este tipo de herramientas frente a delitos que suelen tener múltiples formas y afectaciones.
Un intercambio en el Congreso y protestas afuera: la justicia como demanda permanente
La comparecencia también tuvo momentos de discusión política. La diputada de Movimiento Ciudadano, Fedrha Suriano Corrales, cuestionó la falta de transparencia sobre funcionarios sancionados por presunta corrupción dentro de la Fiscalía, y pidió conocer si se trataba de procesos penales o únicamente medidas administrativas, además de solicitar claridad sobre responsabilidades derivadas de decisiones internas.
En respuesta, Pastor Betancourt confirmó la destitución de tres fiscales y la apertura de investigaciones por presunta corrupción. Sostuvo que, tras detectar irregularidades, se inició el procedimiento legal y administrativo correspondiente, y reiteró que debe prevalecer la presunción de inocencia. En el intercambio, la fiscal también aludió a casos de autoridades municipales vinculadas a Movimiento Ciudadano que actualmente enfrentan procesos judiciales, en un giro que llevó el debate a un terreno de responsabilidades cruzadas.
Sin que ese episodio se convirtiera en el único centro de la sesión, sí dejó un retrato de cómo se procesan en sede legislativa los reclamos sobre instituciones de procuración de justicia: se piden explicaciones, se presentan cifras, se confrontan narrativas, y el tema de fondo —la confianza pública— sigue en disputa.
En paralelo, afuera del Congreso se manifestaron colectivos que exigen revisión de expedientes y denuncian presuntas irregularidades en procesos penales. Entre ellos, destacó el colectivo Nacional de No Más Presos Inocentes, que reclamó atención a casos que, aseguran, están marcados por detenciones arbitrarias, fabricación de delitos y fallas en los procedimientos.
Las protestas funcionaron como recordatorio de algo que atraviesa cualquier informe oficial: más allá de los indicadores, la justicia se mide también en la experiencia directa de la ciudadanía. Y en Puebla, esa experiencia sigue empujando preguntas sobre consistencia institucional, capacidad de investigación y resultados que puedan sostenerse con claridad en tribunales.
Ilustración: Iván Rojas
