El exgobernador de Puebla, Mario Marín, detenido desde 2021 por el delito de tortura contra la periodista Lydia Cacho, busca acelerar la resolución de su proceso judicial como una estrategia para abandonar el penal de máxima seguridad del Altiplano y regresar a prisión domiciliaria.
De acuerdo con información contenida en expedientes judiciales, la defensa del exmandatario presentó diversos escritos ante el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito de Quintana Roo, solicitando que se emitan sentencias en los amparos que mantiene en revisión. Estos recursos están directamente relacionados con la petición de modificar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por la de resguardo domiciliario.
Mario Marín fue reingresado al penal del Altiplano en abril de 2025, luego de que un tribunal federal revocara el beneficio de prisión domiciliaria que había obtenido meses antes. La decisión se tomó tras considerar riesgos de fuga y posibles afectaciones a la víctima, según los criterios expuestos por los magistrados que atendieron el caso.
En respuesta a las solicitudes del exgobernador, los magistrados federales reconocieron la complejidad del proceso penal, así como la alta carga de trabajo que enfrenta el tribunal. No obstante, adelantaron que las resoluciones se emitirán en el corto plazo, una vez concluido el análisis exhaustivo de los expedientes.
Dentro de los argumentos que han pesado en contra del exmandatario, las autoridades judiciales tomaron en cuenta antecedentes documentados sobre su conducta en otros centros penitenciarios, particularmente durante su estancia en el penal de Cancún. Informes oficiales refieren que Marín presumía influencia política y recursos económicos, además de ejercer control sobre otros internos y confrontar al personal de custodia.
El caso por el que Mario Marín enfrenta proceso penal se remonta a abril de 2005, cuando la periodista Lydia Cacho fue detenida tras la publicación del libro Los demonios del Edén, obra en la que denunció una red de explotación sexual infantil vinculada a empresarios y actores políticos. Posteriormente, la comunicadora denunció haber sido víctima de tortura durante su traslado de Cancún a Puebla, hechos que años después derivaron en la aprehensión del exgobernador.
Aunque obtuvo de manera temporal el beneficio de prisión domiciliaria en 2024, este fue revocado tras una impugnación promovida por la propia víctima, lo que derivó en su regreso al penal de máxima seguridad. Desde entonces, la defensa de Marín ha insistido en acelerar la emisión de sentencias como vía legal para abandonar el Altiplano.
Las autoridades judiciales mantienen el análisis de los recursos en curso, reiterando que el caso involucra delitos graves contra una periodista y defensora de derechos humanos, por lo que cualquier resolución deberá apegarse a criterios de legalidad y protección a la víctima.
Foto: Agencia Enfoque
