Habitantes y defensores del agua en San Miguel Xoxtla denunciaron un presunto abuso de autoridad y extracción excesiva de agua por parte del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP). Según los denunciantes, el organismo estaría sacando hasta diez veces más agua de lo permitido, lo que ha generado escasez en la comunidad.
La denuncia se dio en el marco de la presentación de una queja colectiva ante la Comisión de Derechos Humanos (CDH) y la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos contra Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos, luego de que los pobladores se opusieran a la perforación de nuevos pozos a cargo de SOAPAP y Agua de Puebla.
Frente a las instalaciones de la CDH en Puebla, el activista Juan Carlos Flores explicó que el organismo, con respaldo de la alcaldesa Guadalupe Ortiz Pérez, extrae 330 litros por segundo de los pozos existentes, cuando la concesión legal permite únicamente 34 litros. Esta situación, afirmó, ha incrementado de manera significativa el estrés hídrico en el municipio, al pasar de un millón de metros cúbicos extraídos anualmente a casi diez millones.
Flores indicó que el SOAPAP también ha planeado obras de infraestructura hídrica en Xoxtla con fines de control social, supuestamente para limitar la protesta ciudadana frente al despojo del agua. Además, denunció que tanto el organismo como la edil han impulsado campañas de criminalización y amenazas contra quienes se oponen a la perforación de los pozos 4, 5 y Pavigi, citando un incidente del 29 de octubre donde pobladores sufrieron represión y un intento de homicidio por parte de personal de seguridad en la zona.
El activista recordó que los trabajos de excavación de estos pozos fueron suspendidos provisionalmente por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, debido a que no se consultó previamente a la comunidad indígena, y pidió que se respete esta resolución.
Finalmente, Flores exhortó a las autoridades competentes a investigar y sancionar a quienes están detrás de la criminalización de los defensores del agua y a revocar la concesión otorgada a Agua de Puebla, con el objetivo de detener la explotación del recurso hídrico que ha afectado a la comunidad durante años.
Foto: Agencia Enfoque
