Durante los primeros diez meses de 2025, Puebla registró un repunte del 47.3% en denuncias por delitos ambientales, reflejando un deterioro preocupante en la protección de los ecosistemas y los recursos naturales de la entidad.
De acuerdo con el más reciente reporte de la Fiscalía General del Estado (FGE), entre enero y octubre se contabilizaron 28 denuncias en materia ambiental, frente a las 19 registradas en el mismo periodo de 2024, lo que confirma un incremento sostenido en este tipo de ilícitos.
Las denuncias incluyen casos de contaminación de aire, agua y suelo, así como tala ilegal, incendios provocados y tiraderos clandestinos, que ponen en riesgo la biodiversidad y la salud de las comunidades locales. Entre los municipios con mayor incidencia destacan Zacatlán (5 casos), Puebla capital (4), San Andrés Cholula (2), además de San Pedro Cholula y Cuautlancingo con un caso cada uno.
El registro mensual muestra que los picos de mayor actividad ocurrieron en marzo y octubre, con cuatro denuncias cada uno, mientras que el resto del año mantuvo un comportamiento constante con entre dos y tres casos por mes.
Estos reportes forman parte de los esfuerzos de la Fiscalía por sancionar a los responsables de alteraciones graves o deterioro ambiental, y de garantizar la reparación del daño a los ecosistemas afectados.
Contaminación y tala, los principales focos de daño ambiental
Uno de los casos más persistentes es la contaminación de los ríos Atoyac y Alseseca, cuerpos de agua que durante años han recibido descargas ilegales de desechos industriales, lo que ha provocado que se tiñan de distintos colores y representen un riesgo sanitario para miles de habitantes en la zona metropolitana de Puebla-Tlaxcala.
La tala clandestina continúa siendo otro de los delitos más comunes. En agosto pasado, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Secretaría de Marina (Semar) detuvieron a tres personas en el municipio de Tetela de Ocampo por delitos contra la biodiversidad, en una operación realizada en la comunidad de Zitlalcuautla.
A ello se suma el caso de la presunta sobreexplotación de los mantos acuíferos en Santa María Zacatepec, atribuida a la empresa Danone-Bonafont, que derivó en un exhorto del Senado de la República a la Conagua, Profeco y Semarnat para investigar posibles daños ecológicos y responsabilidades administrativas.
Las autoridades estatales y federales mantienen abiertas varias líneas de investigación, mientras organizaciones ambientales insisten en la necesidad de reforzar la vigilancia y promover políticas de restauración ecológica ante el crecimiento urbano y la actividad industrial desregulada.
Ilustración: Iván Rojas
