En Puebla, siete presidentes municipales cuentan actualmente con protección de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) debido a amenazas e incidentes relacionados con la inseguridad en sus municipios, confirmó el secretario de Gobernación estatal, Samuel Aguilar Pala.
El funcionario explicó que la alcaldesa de Ayotoxco de Guerrero, Alicia Guerrero Hernández, se incorporó recientemente a esta lista, luego de ser víctima de un ataque armado directo mientras se trasladaba por la autopista Amozoc–Perote, en un tramo correspondiente al estado de Tlaxcala, durante la madrugada del martes 3 de febrero.
Tras este hecho, Aguilar Pala detalló que la presidenta municipal resultó ilesa, sin embargo, el conductor del vehículo permanece hospitalizado, luego de recibir once impactos de bala, lo que evidencia la gravedad del atentado.
De acuerdo con lo expresado por la propia edil, el ataque estaría relacionado con la operación de grupos delictivos que actúan en zonas colindantes con Veracruz, a quienes ha señalado como posibles responsables de la agresión, situación que ya es atendida por las instancias correspondientes.
El secretario de Gobernación también recordó que Manuel Porras Florentino, alcalde de Huixcolotla, forma parte de los ediles que cuentan con resguardo especial, luego de que hace tres meses policías municipales fueran asesinados, hecho que provocó la renuncia total de la corporación de seguridad en ese municipio.
Asimismo, informó que Delia García Esquivel, presidenta municipal de Ixcamilpa de Guerrero, recibe protección tras haber denunciado amenazas vinculadas a presuntos grupos de la delincuencia organizada, lo que obligó a reforzar su seguridad personal.
En un tema distinto, Aguilar Pala aclaró que corresponde exclusivamente a la Fiscalía General del Estado (FGE) determinar si existe o no una investigación contra el exsecretario de Cultura, Sergio Vergara Berdejo, quien falleció recientemente.
Esto en relación con las acusaciones por la supuesta colocación irregular de chips en piezas del acervo cultural, señalamiento que apunta al uso de dispositivos que no cumplían su función de rastreo y que, además, habrían causado daños al patrimonio museístico del estado.
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