Durante el tercer trimestre de 2025, diez delitos registraron una disminución en 42 municipios del estado de Puebla, mientras que el secuestro y la extorsión repuntaron con fuerza, alcanzando un crecimiento de hasta 250 por ciento en Zacatlán, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) analizados por el Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (Igavim).
El informe compara las denuncias presentadas entre julio y septiembre de 2024 con las del mismo periodo de 2025, abarcando municipios de las siete regiones del estado, entre ellos Puebla, Atlixco, San Andrés Cholula, Tehuacán, Cuetzalan y Chignahuapan.
Feminicidio y robo a transportistas registran mayor reducción
El análisis revela que el feminicidio disminuyó 71.43 por ciento, el robo a transportistas bajó 37.44 por ciento, y el homicidio culposo cayó 31.8 por ciento.
También se reportaron descensos en otros delitos relevantes:
- Robo a transeúnte: -30.24%
- Robo con violencia: -24.35%
- Homicidio doloso: -17.90%
- Robo a casa habitación: -13.67%
- Robo de vehículo: -7.76%
- Narcomenudeo: -2.58%
- Violencia familiar: -0.58%
Secuestro y extorsión repuntan con fuerza
En contraste, cuatro delitos aumentaron en el mismo periodo, encabezados por secuestro, extorsión, robo a negocio y violación.
El secuestro creció 25 por ciento en el estado, pero en Zacatlán el incremento llegó al 250 por ciento, seguido de Chignahuapan, con 50 por ciento. En cuanto a extorsión, las denuncias se dispararon 134 por ciento, con Huaquechula a la cabeza, registrando un incremento del 200 por ciento.
El robo a negocio aumentó 2.82 por ciento, con alzas notables en Huauchinango (125%), Amozoc (38.89%) y San Martín Texmelucan (26.32%).
Finalmente, el delito de violación subió 3.47 por ciento, destacando San Andrés Cholula (133%) y Ciudad Serdán (100%) como los municipios con mayor incidencia.
El Igavim subraya que, aunque la mayoría de los delitos muestran una tendencia descendente, la escalada de secuestros y extorsiones exige acciones de coordinación más estrictas y políticas preventivas focalizadas en los municipios más vulnerables.
