La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, no cuenta con una Notificación Roja emitida por Interpol, luego de que surgieran dudas sobre su situación legal en el marco de las investigaciones relacionadas con presuntos vínculos de autoridades sinaloenses con el crimen organizado. La dependencia explicó que realizó consultas con instancias nacionales e internacionales competentes y confirmó que no existe ninguna notificación de ese tipo en su contra.
La aclaración se dio después de que, durante la conferencia matutina, el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, fuera cuestionado sobre por qué Rocha Moya no había sido detenido si supuestamente existía una ficha roja. El funcionario explicó que una notificación de Interpol no implica automáticamente la detención de una persona, ya que deben seguirse procedimientos institucionales entre Relaciones Exteriores, la Fiscalía General de la República y las autoridades correspondientes.
García Harfuch detalló que, cuando se emite una notificación roja, primero se revisa su procedencia a través de los canales diplomáticos y ministeriales. El secretario señaló que, incluso en solicitudes de extradición hacia Estados Unidos, las autoridades de ese país revisan si el procedimiento es viable antes de ejecutar una detención, por lo que no basta la existencia de una alerta internacional para proceder de manera inmediata contra una persona señalada.
El caso de Rocha Moya se mantiene en el centro de la atención pública debido a que Estados Unidos habría girado una orden de captura con fines de extradición contra él y otros exfuncionarios de su gobierno por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. A partir de esa solicitud, la Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación, por lo que el gobernador con licencia acudió recientemente a declarar ante la representación de la FGR en Culiacán.
La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que corresponde a la FGR informar sobre los procedimientos y comparecencias relacionadas con el caso Sinaloa. Durante la reunión del Gabinete de Seguridad se informó que siete personas acudieron a declarar, aunque el detalle de las diligencias deberá ser comunicado por la Fiscalía, al tratarse de una investigación ministerial en curso y no de una decisión administrativa del gobierno federal.
La precisión de la SSPC busca separar dos elementos que habían sido mezclados en la discusión pública: por un lado, la inexistencia de una ficha roja de Interpol contra Rocha Moya; por otro, la existencia de investigaciones y solicitudes judiciales vinculadas al caso Sinaloa. Con ello, el gobierno federal aclaró que cualquier avance dependerá de los procedimientos de la FGR y de la revisión legal de las solicitudes internacionales.
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