La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) suspendió la comercialización de bienes, productos y servicios de Grupo Proyecta, cuya razón social señalada en el procedimiento es Inmobiliaria Liguria, S.A. de C.V., tras detectar irregularidades en la información que proporciona a sus clientes y la falta de un contrato de adhesión registrado ante la dependencia.
La medida precautoria se aplicó el 29 de octubre de 2026, luego de una visita de verificación realizada en las oficinas de la inmobiliaria, ubicadas en Paseo Ópera número 4, piso 3, interior 303, en Lomas de Angelópolis, municipio de San Andrés Cholula.
De acuerdo con la nota informativa de la Oficina de Defensa del Consumidor Zona General Ignacio Zaragoza, la inspección respondió a denuncias ciudadanas y derivó en la colocación de sellos de suspensión en el establecimiento.
La autoridad identificó dos presuntas infracciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor y a la Norma Oficial Mexicana NOM-247-SE-2021: no proporcionar información sobre los términos y condiciones aplicables a las operaciones inmobiliarias y carecer de un contrato de adhesión registrado ante Profeco.
Esta normativa establece requisitos de información y prácticas comerciales para la adquisición de inmuebles destinados a casa habitación, así como las condiciones mínimas que deben contemplar los contratos entre proveedores y consumidores.
Hasta el momento, la dependencia no ha informado cuántas denuncias motivaron la revisión, qué desarrollos inmobiliarios están comprendidos en la suspensión ni si Grupo Proyecta presentó aclaraciones para atender las observaciones. Tampoco se reportó alguna multa económica o resolución definitiva contra la empresa.
La intervención de Profeco ocurre después de que Grupo Proyecta, propiedad de Rafael Posada, enfrentara diversos cuestionamientos por sus operaciones inmobiliarias en Puebla, particularmente en Santa Clara Ocoyucan y la zona de Lomas de Angelópolis.
Durante abril y mayo de 2025, habitantes de la colonia La Cantera, en Ocoyucan, denunciaron presuntas presiones para abandonar sus terrenos y el ingreso de maquinaria pesada a predios donde existen viviendas y disputas sobre la propiedad.
Los pobladores aseguraron contar con documentación para acreditar sus derechos de posesión, mientras que un representante de la inmobiliaria sostuvo que la empresa reclamaría aquellos terrenos que no contaran con minuta de compraventa y señaló la necesidad de acreditar el dominio pleno de las fracciones ejidales.
A estos señalamientos se sumaron las quejas de compradores de Residencial Nubia, quienes denunciaron que, pese a haber transcurrido cinco años desde el inicio de la preventa, no habían recibido sus escrituras.
Los residentes también reportaron deficiencias en servicios básicos, entre ellas falta de agua potable, drenaje, alumbrado público y seguridad, además de una casa club inconclusa y problemas de infraestructura en algunas viviendas.
Armenta también cuestionó operaciones inmobiliarias
El 5 de noviembre de 2025, el gobernador Alejandro Armenta señaló públicamente presuntas irregularidades en operaciones con terrenos que originalmente pertenecían a comunidades ejidales en la zona de Lomas de Angelópolis.
El mandatario cuestionó los precios de adquisición y comercialización de esas tierras, además de recordar la negativa de determinados grupos inmobiliarios a donar dos predios para construir viviendas destinadas a policías municipales, bomberos y personal de Protección Civil.
Aunque estos antecedentes corresponden a controversias distintas del procedimiento iniciado por Profeco, representan parte de los cuestionamientos que han rodeado las operaciones inmobiliarias de la empresa.
La procuraduría reiteró que los proveedores deben ofrecer información clara, veraz, oportuna y suficiente para garantizar que los consumidores conozcan las condiciones de compra antes de adquirir una vivienda.
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