Integrantes de pueblos originarios de San Andrés Cholula rechazaron la resolución del Juzgado Quinto de Distrito que negó el amparo contra la decisión del Ayuntamiento de dejar sin efecto el Protocolo de Consulta Indígena, mecanismo acordado para garantizar su participación en la elaboración de los instrumentos de desarrollo urbano municipal.
Los representantes comunitarios calificaron la determinación como un “albazo” judicial y advirtieron que podría abrir la puerta a nuevas decisiones sobre el territorio sin incorporar las propuestas de las comunidades. Como parte de su inconformidad, realizaron una protesta frente a Ciudad Judicial para exigir que se respeten sus derechos de participación y libre determinación.
Aunque el juzgado negó el amparo, los inconformes sostuvieron que continúa vigente el seguimiento judicial, por la vía incidental, de las mesas de trabajo relacionadas con las Estrategias de Protección Territorial. Por ello, señalaron que todavía existen asuntos pendientes y obligaciones que deben atenderse durante el proceso.
La controversia se remonta al 18 de marzo de 2020, cuando representantes de los pueblos originarios y autoridades municipales firmaron un Protocolo de Consulta Indígena para establecer mecanismos de participación en decisiones sobre movilidad, ordenamiento territorial y desarrollo urbano.
Sin embargo, las diferencias sobre la incorporación de las propuestas comunitarias se profundizaron hasta que, el 19 de agosto de 2025, el Cabildo aprobó dejar sin efecto el acuerdo y continuar con la elaboración del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.
Ante esta determinación, las comunidades promovieron recursos judiciales al considerar que se desconocían compromisos previos. El conflicto también involucra la protección de tierras agrícolas, recursos hídricos y espacios colectivos ante el crecimiento inmobiliario del municipio.
Durante 2026, los pueblos denunciaron incumplimientos en las mesas de trabajo. El 28 de julio, el Juzgado Quinto de Distrito ordenó convocar nuevamente a las partes, luego de considerar insuficiente una reunión previa, y señaló asuntos pendientes, entre ellos la participación de especialistas universitarios.
Universidades presentarán dictámenes el 3 de noviembre
Como parte del proceso, representantes comunitarios anunciaron que el próximo 3 de noviembre expondrán los dictámenes universitarios sobre las Estrategias de Protección Territorial ante autoridades municipales y habitantes de las comunidades.
En la elaboración de estos análisis participan equipos académicos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), la Universidad de las Américas Puebla (Udlap) y la Universidad Iberoamericana Pueblab (Ibero).
Los documentos buscan aportar elementos técnicos para revisar las propuestas de protección territorial e incorporarlas a la planeación urbana.
Los representantes comunitarios advirtieron que vigilarán el cumplimiento de los acuerdos y las determinaciones judiciales para evitar que el Ayuntamiento avance unilateralmente en decisiones que afecten sus tierras.
Hasta ahora, no se ha difundido el texto íntegro de la sentencia ni una postura municipal que precise los alcances de la resolución. Por ello, permanece pendiente esclarecer sus efectos jurídicos y las obligaciones que continúan vigentes en materia de consulta indígena.
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