Tlaxcala recibirá por primera vez recursos federales para fortalecer el refugio estatal de atención a mujeres víctimas de violencia, luego de que el espacio operado por la Secretaría de las Mujeres del Estado de Tlaxcala acreditó los lineamientos nacionales requeridos para acceder a financiamiento público destinado a este tipo de servicios especializados.
La titular de la dependencia, Nydia Cano Rodríguez, informó que fueron autorizados 6 millones de pesos, monto que permitirá reforzar la operación del refugio, ampliar capacidades de atención y consolidar los servicios dirigidos a mujeres, niñas, niños y adolescentes que enfrentan situaciones de riesgo por violencia familiar o de género.
De acuerdo con la funcionaria estatal, el acceso a estos recursos representa un precedente para Tlaxcala, debido a que el refugio tuvo que cumplir con criterios de seguridad, funcionamiento, personal especializado y atención integral. Tras distintas visitas de supervisión y evaluación, la aprobación federal fue notificada oficialmente el pasado 1 de mayo.
El espacio, que ya funcionaba con apoyo del gobierno estatal, ofrece atención las 24 horas del día, durante todo el año, bajo un modelo con perspectiva de género, derechos humanos, igualdad, interculturalidad y no discriminación. Actualmente puede recibir de cinco a siete núcleos familiares al mismo tiempo, aunque cuenta con posibilidades de ampliar su capacidad hasta 10 familias.
Entre los servicios disponibles se encuentran acompañamiento psicológico para mujeres y menores, asesoría jurídica, atención médica, trabajo social y apoyo educativo. Además, el modelo busca no limitarse al resguardo temporal, sino avanzar hacia procesos de recuperación, autonomía y reconstrucción del proyecto de vida de las usuarias.
Como parte de esa ruta, el refugio impulsa capacitaciones laborales en oficios como panadería, carpintería, electricidad, estética, barbería y plomería, con el objetivo de que las mujeres puedan generar ingresos propios al concluir su estancia. La dependencia también contempla seguimiento posterior al egreso para fortalecer la independencia económica y reducir riesgos de retorno a entornos violentos.
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