El gobierno federal ha colocado al llamado Plan México como una de sus banderas más ambiciosas en materia económica: sustituir importaciones, reducir el déficit comercial con China y garantizar que el país no se convierta en un simple canal de paso para mercancías asiáticas rumbo a Estados Unidos.
Sin embargo, los primeros pasos revelan un terreno más accidentado de lo esperado. En el primer semestre del año, México importó 62 mil 124 millones de dólares de China, mientras que las exportaciones hacia ese país apenas alcanzaron 4 mil 488 millones, una caída de 5.5 por ciento respecto al año pasado. El déficit bilateral ronda ya los 57 mil 536 millones de dólares
Un ejemplo de las contradicciones es el caso del sector de electromovilidad. En Ciudad Sahagún e Iztapalapa se ensambló recientemente el autobús eléctrico Taruk, con inversión mayoritariamente mexicana. No obstante, varios gobiernos estatales contemplan adquirir miles de autobuses de origen chino, atraídos por los esquemas de financiamiento ofrecidos por empresas asiáticas. Así, mientras se promueve la producción nacional, los contratos públicos terminan favoreciendo a proveedores extranjeros.
La falta de esquemas de financiamiento competitivos es el principal obstáculo. Las instituciones de banca de desarrollo han quedado rezagadas frente a la agresiva política crediticia de bancos chinos, que ofrecen pagos diferidos y tasas preferenciales. Sin una estrategia que fortalezca a la industria nacional en este terreno, el plan carece de herramientas para concretarse.
De mantenerse esta tendencia, el Plan México corre el riesgo de convertirse en un proyecto bien intencionado pero sin capacidad real de transformar la estructura productiva del país. El reto es doble: por un lado, blindar la soberanía económica y garantizar que el impulso a la industria nacional no se diluya en discursos; por el otro, responder a las presiones de Washington, que insiste en cerrar cualquier resquicio para que China utilice a México como plataforma de exportación al mercado norteamericano.
En este contexto, la viabilidad del plan dependerá de que el gobierno logre traducir los anuncios en políticas concretas: reglas claras de compra pública, financiamiento adecuado y mecanismos de supervisión que eviten que los intereses de corto plazo de algunos gobiernos locales socaven un proyecto de alcance nacional.
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