Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, encabezó una reunión este martes con productores de limón en Apatzingán, Michoacán, para atender la creciente ola de violencia y extorsiones que enfrenta el sector agrícola en la región de Tierra Caliente.
Durante el encuentro —en el que también participaron el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla; el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla; autoridades locales y representantes de los citricultores— García Harfuch afirmó que el homicidio de Bernardo Bravo Manríquez “no quedará impune”, y anunció el reforzamiento de las operaciones conjuntas entre el Gabinete de Seguridad federal, la Fiscalía General de Justicia de Michoacán y la Secretaría de Seguridad Pública estatal.
El funcionario federal aseguró que se intensificarán las labores de inteligencia e investigación para detener a quienes amenacen la paz de Michoacán y proteger al sector productivo, uno de los más afectados por la violencia del crimen organizado.
El asesinato que sacudió a los productores
El caso de Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, se ha convertido en un punto de quiebre para el sector agrícola. El líder limonero fue asesinado el pasado 19 de octubre, luego de acudir a una reunión con productores locales. Su cuerpo fue hallado al día siguiente dentro de su camioneta sobre el camino Apatzingán–Tepetates, con una herida de bala en la cabeza.
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), Bravo había denunciado en reiteradas ocasiones el cobro de “derecho de piso” y las extorsiones a los productores de limón. Hasta el momento, se ha reportado la detención de dos presuntos implicados, entre ellos Rigoberto López Mendoza, presunto jefe de una célula de Los Blancos de Troya, grupo criminal vinculado tanto al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como a Los Viagras.
El fiscal Carlos Torres Piña señaló que las investigaciones han permitido establecer “claridad sobre los autores materiales e intelectuales del crimen” y revelan la existencia de una alianza criminal entre tres grupos que disputan el control de la extorsión en la zona limonera de Tierra Caliente.
Coordinación federal y estatal
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla confirmó que Bravo viajó sin escolta el día de su asesinato, mientras que la alcaldesa de Apatzingán, Fanny Arreola, destacó que el vehículo en el que fue hallado no era el blindado que el empresario solía utilizar.
Frente a este panorama, García Harfuch aseguró que el Gobierno federal mantendrá presencia permanente en Michoacán para evitar más agresiones contra productores agrícolas y restablecer la seguridad en una de las regiones más golpeadas por la violencia criminal.
“El homicidio de Bernardo Bravo no quedará impune. Vamos a actuar con toda la fuerza del Estado para que los responsables enfrenten la justicia”, subrayó el titular de la SSPC.
Con el asesinato de Bravo, la crisis de violencia en Tierra Caliente ha vuelto a encender las alertas en el Gobierno federal, que busca frenar la influencia del crimen organizado en el sector agrícola y garantizar que los productores puedan trabajar sin miedo.
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