El Congreso de la Ciudad de México avanza en la creación de una comisión especial para investigar el origen de los actos de violencia ocurridos durante la marcha de la “Generación Z” el pasado 15 de noviembre, confirmó este jueves la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina. La mandataria señaló que dicha instancia legislativa tendrá la encomienda de determinar quiénes participaron, cómo se organizó el denominado “bloque negro” y qué actores políticos podrían estar involucrados.
Brugada planteó que, tras el trabajo legislativo, corresponderá a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México profundizar en la investigación y definir eventuales responsabilidades por los hechos que dejaron 120 personas heridas.
La creación de la comisión ocurre en medio de un fuerte intercambio de acusaciones entre Gobierno, Morena y partidos de oposición sobre quién habría incentivado la violencia en una manifestación convocada por jóvenes que, según los propios organizadores, “no tiene vínculos partidistas”, pese a que desde Palacio Nacional y autoridades capitalinas se ha insistido en que responde a agendas opositoras.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha mantenido la narrativa de que detrás del movimiento hay intereses externos y opositores, afirmando que los convocantes cuentan con “escaso respaldo entre la juventud mexicana” y reciben impulso de redes conservadoras globales.
Desde la oposición, el Partido Acción Nacional (PAN) anunció la presentación de una denuncia ante la Fiscalía General de la República por lo que consideran un uso excesivo de la fuerza contra manifestantes pacíficos, así como por la detención de 18 jóvenes.
Además, exigieron investigar el financiamiento y operación del “bloque negro”, al que acusan de haber sido utilizado para sabotear la marcha.
Morena afirma que el PRI financió grupos de choque
En contraste, la bancada de Morena en el Congreso capitalino presentó documentos y testimonios que, aseguran, vinculan directamente a la dirigencia del PRI, encabezada por Alejandro “Alito” Moreno, en la movilización y financiamiento de grupos de choque.
“Vamos por Alito Moreno”, publicó Morena en un comunicado difundido en redes sociales, donde acusan al dirigente priista de usar estructuras partidistas para “avivar la violencia”.
El vocero morenista Paulo Emilio García afirmó que los organizadores —supuestamente priistas— ofrecieron 10 mil pesos por persona para participar en acciones violentas, con la meta de reclutar a 400 individuos “no necesariamente jóvenes, sino mercenarios de entre 30 y 50 años”.
La diputada Xóchitl Bravo Espinosa agradeció a militantes priistas que —según ella— denunciaron desde dentro la operación y aseguró que el PRI estuvo involucrado tanto en la logística como en la ejecución de los actos violentos.
Morena también señaló a los diputados federales Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla e Israel Betanzos, a quienes atribuyen la coordinación del financiamiento y reclutamiento, incluso mediante líderes territoriales de alcaldías como Cuauhtémoc.
La comisión investigará presuntos vínculos políticos y operación de porros
La bancada guinda adelantó que impulsará ante el pleno del Congreso la creación formal de la Comisión Especial de Investigación, que revisará los hechos de violencia y los presuntos vínculos entre funcionarios públicos y grupos porriles.
Mientras el Gobierno de la ciudad insiste en que los disturbios fueron coordinados por actores opositores, PAN y PRI acusan al oficialismo de utilizar la fuerza pública para reprimir y posteriormente culpar a grupos “fabricados” de ser infiltrados.
La comisión del Congreso capitalino se perfila como un escenario clave para dirimir responsabilidades en un episodio que ya escaló a nivel nacional y que se ha convertido en un nuevo frente de confrontación política rumbo al próximo periodo legislativo y electoral.
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