Las autoridades de Estados Unidos presentaron cargos formales contra los exagentes de la Agencia Antidrogas (DEA), Paul Campo y Robert Sensi, quienes —según la acusación— habrían conspirado durante meses para apoyar al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) mediante lavado de dinero, tráfico de drogas, asesoría criminal y la compra de armamento de uso militar.
La acusación fue presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York y quedó a cargo del juez Paul G. Gardephe. El fiscal del distrito, Jay Clayton, y el administrador de la DEA, Terrance Cole, detallaron que ambos exagentes fueron detenidos la tarde del miércoles en Nueva York, donde operaban bajo la idea de brindar “servicios” al CJNG, una de las organizaciones criminales consideradas más violentas en México y catalogada como amenaza prioritaria para la seguridad de EE.UU.
De acuerdo con el documento judicial, Campo —quien trabajó 25 años en la DEA y llegó a ser subdirector de la Oficina de Operaciones Financieras— y Sensi conspiraron para lavar aproximadamente 12 millones de dólares provenientes del CJNG. Una parte del dinero, alrededor de 750 mil dólares, fue convertida en criptomonedas, mientras que otros montos estaban destinados a inversiones inmobiliarias para ocultar su origen.
Los exagentes también acordaron facilitar un envío de 220 kilogramos de cocaína con valor estimado de 5 millones de dólares, operación de la que esperaban recibir comisiones. Además de su participación en lavado y tráfico, asesoraron a quienes creían eran miembros del cartel sobre producción de fentanilo y logística financiera.
El caso tomó un giro más grave al revelarse que exploraban la compra de drones comerciales y armamento militar —rifles AR-15, M4, M16, lanzagranadas y granadas propulsadas por cohetes— con fines ofensivos. En conversaciones grabadas, una fuente encubierta relató que los drones serían usados para transportar explosivos C-4; Sensi afirmó que podrían cargar hasta seis kilogramos, “suficientes para volar todo”.
La acusación detalla cuatro cargos principales, todos de alto impacto penal:
- Conspiración para cometer narcoterrorismo: pena mínima de 20 años, hasta cadena perpetua.
- Conspiración para distribuir y poseer cocaína con intención de distribuir: mínimo 10 años por delito, con posibilidad de cadena perpetua.
- Conspiración para proveer apoyo material al CJNG, designado como organización terrorista extranjera: hasta 20 años.
- Conspiración para lavado de dinero: hasta 20 años.
El Departamento de Justicia señaló que estas imputaciones muestran la determinación del gobierno estadounidense de perseguir no solo a integrantes de cárteles, sino también a quienes —desde posiciones de autoridad o conocimiento especializado— contribuyen a facilitar sus operaciones logísticas, financieras y armamentistas.
Campo y Sensi, ahora bajo custodia federal, enfrentarán su proceso en los próximos meses, mientras fiscales aseguran que el caso revela una escalada criminal que intentaba convertir al CJNG en una estructura con capacidades terroristas transnacionales.
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