La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla, Rosa Isela Sánchez Soya, aclaró que no ha recibido una convocatoria formal para comparecer ante el Congreso del Estado, aunque dejó en claro que está abierta a acudir en cualquier momento para rendir cuentas sobre su primer año al frente del organismo.
Durante un encuentro con medios, la ombudsperson explicó que existe un malentendido respecto a la entrega y presentación de su informe anual, el cual —precisó— ya fue entregado de manera oficial tanto al Poder Ejecutivo como al Legislativo en fechas distintas durante noviembre.
Sánchez Soya recordó que el ejercicio público de rendición de cuentas ya se realizó el pasado 18 de noviembre, en el Complejo Cultural Universitario, donde expuso los avances logrados desde que asumió el cargo el 6 de noviembre de 2024.
En relación con su visita al Congreso local el 19 de diciembre, detalló que respondió únicamente a un trámite administrativo, consistente en la entrega escrita del informe a la Comisión Permanente, sin que ello implicara una comparecencia formal.
La titular de la CDH expresó su inconformidad ante los señalamientos surgidos por este tema y reiteró que mantiene una postura de apertura al diálogo institucional, subrayando que la figura de comparecencia está contemplada en la ley y será respetada cuando exista una notificación oficial.
Sobre las críticas por su asistencia a diversos eventos sociales, la presidenta del organismo defendió su presencia al señalar que la promoción y visibilización de los derechos humanos debe realizarse en todos los espacios, descartando que su participación tenga fines de protagonismo personal.
En cuanto a resultados, destacó que durante su primer año de gestión la CDH Puebla recibió 9 mil 009 solicitudes iniciales por presuntas violaciones a derechos humanos, de las cuales 8 mil 563 fueron formalizadas.
Además, informó que se emitieron 589 medidas cautelares, se brindó acompañamiento integral a 272 personas, incluyendo atención médica y psicológica, y se lograron 28 acuerdos satisfactorios, 22 conciliaciones cumplidas, así como 18 recomendaciones emitidas y 23 cumplidas, cifras que —aseguró— reflejan un avance significativo en la atención a las víctimas.
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