El gobierno peruano ha incrementado de manera significativa el despliegue policial alrededor de la embajada de México en Lima, en una medida descrita como preventiva para evitar la salida de la ex primera ministra Betssy Chávez. La funcionaria, condenada en su país, se encuentra bajo asilo diplomático mexicano desde noviembre, en un caso que ha profundizado una severa crisis bilateral.
El comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, detalló que el número de agentes fue duplicado e incluso triplicado desde la madrugada del 25 de diciembre. El operativo se centra en los accesos a la sede diplomática, ubicada en el exclusivo distrito de San Isidro, bajo el argumento de que las festividades de fin de año podrían utilizarse para facilitar una salida no autorizada.
Betssy Chávez fue sentenciada a más de once años de prisión por el delito de conspiración, vinculado al intento del expresidente Pedro Castillo de disolver el Congreso en 2022. Perú se ha negado sistemáticamente a otorgar el salvoconducto necesario para que la exministra abandone el territorio, por lo que su salida de la embajada implicaría su inmediata detención.
En medio de este cerco, se conoció que Chávez renunció al partido Todo con el Pueblo, de la órbita castillista. En una carta, la asilada argumentó que su decisión responde a “razones personales” y a una lectura política acorde con sus valores democráticos, en un gesto que analistas interpretan como un distanciamiento de su antiguo liderazgo.
Este episodio representa uno de los momentos de mayor tensión diplomática entre Perú y México en décadas. La ruptura de relaciones por parte del gobierno peruano en noviembre pasado, como respuesta al otorgamiento del asilo, evidencia la gravedad del conflicto, mientras el futuro legal de Chávez permanece en un limbo.
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