El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, exhortó al Tribunal de Disciplina Judicial del estado a investigar y depurar a jueces y magistrados que enfrenten señalamientos de presuntos actos de corrupción dentro del Poder Judicial.
Durante su conferencia matutina, el mandatario sostuvo que las irregularidades deben transparentarse y sancionarse de inmediato, a fin de evitar omisiones institucionales previo al proceso electoral en el que se renovarán cargos del Poder Judicial.
Armenta advirtió que, conforme se acerquen dichas elecciones, podrían salir a la luz prácticas indebidas cometidas por funcionarios judiciales, por lo que consideró indispensable actuar con anticipación para evitar que la corrupción continúe afectando la impartición de justicia.
“No se puede ser omiso ante señalamientos de corrupción. El próximo año habrá elecciones y van a salir muchas cosas”, expresó.
El gobernador afirmó que su administración también ha sido afectada por decisiones judiciales irregulares, al señalar que el gobierno estatal enfrenta al menos diez litigios relacionados con obras que nunca se ejecutaron, pero que hoy generan pagos obligados debido —acusó— a la colusión entre jueces y empresarios.
En este contexto, pidió que, en caso de detectarse responsabilidades, se apliquen sanciones ejemplares y se erradiquen prácticas que, dijo, sólo perjudican a la ciudadanía y debilitan la confianza en las instituciones.
Asimismo, hizo un llamado a la Fiscalía General del Estado para que actúe en consecuencia si se detectan actos de corrupción en ministerios públicos o en otras instancias del sistema de justicia.
Gobierno analiza posible participación en Agua de Puebla
En otro tema, el gobernador adelantó que su administración analiza escenarios jurídicos para una eventual adquisición de acciones de la empresa Agua de Puebla, concesionaria del servicio en la zona metropolitana.
Sin ofrecer detalles, Armenta señaló que el tema se encuentra en revisión y anticipó que “habrá sorpresas” en torno a esta concesión, aunque reconoció que se trata de un proceso legal complejo.
El mandatario reiteró que la privatización del agua y otros servicios públicos se originó en gobiernos emanados del Partido Acción Nacional, cuyos contratos —afirmó— fueron diseñados bajo esquemas que favorecieron a intereses privados y hoy limitan la capacidad del Estado para revertirlos.
Ilustración: Iván Rojas
