El presidente del Congreso del Estado de Puebla, Pavel Gaspar Ramírez, se pronunció este martes sobre la controversia generada por la diputada Nayeli Salvatori, luego de que difundiera una parodia relacionada con el accidente de alumnos de la Universidad Iberoamericana, hecho que provocó críticas en distintos sectores.
En conferencia de prensa, el legislador subrayó que el Poder Legislativo cuenta con un código de ética que obliga a sus integrantes a actuar con responsabilidad cuando se expresan en nombre de su investidura. “Cuando se habla en nombre de la investidura se debe conducir con responsabilidad“, dijo, al remarcar que el cargo público implica obligaciones frente a la sociedad.
Gaspar Ramírez precisó, no obstante, que las declaraciones de Salvatori fueron emitidas a través de un personaje personal y no desde su función formal como diputada. En ese sentido, sostuvo que la libre expresión es un derecho que él respeta, aunque insistió en la necesidad de distinguir claramente entre opiniones vertidas a título individual y aquellas realizadas en calidad de representante popular.
La postura del presidente del Congreso buscó colocar el debate en el terreno institucional, sin abrir un proceso inmediato de sanción, pero dejando en claro que la investidura legislativa conlleva responsabilidad pública. El señalamiento se produce en un contexto en el que la actividad en redes sociales de figuras políticas suele entremezclarse con su papel institucional, generando tensiones sobre los límites entre lo personal y lo público.
Gaspar Ramírez también recordó que Morena es un movimiento con una historia de lucha en favor de los pueblos indígenas y las mujeres, y consideró que sus integrantes deben actuar en congruencia con esos principios desde el ámbito legislativo. La referencia apunta a la necesidad de mantener coherencia entre los valores que dieron origen al movimiento y la conducta pública de quienes hoy ocupan cargos de representación.
La polémica en torno a la diputada Salvatori vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre el uso de redes sociales por parte de funcionarios electos, así como los alcances del derecho a la libre expresión cuando se ostenta una investidura pública. En ese equilibrio entre libertad individual y responsabilidad institucional se inscribe la posición fijada por la presidencia del Congreso local.
