La cumbre “Escudo de las Américas”, organizada por el presidente estadounidense Donald Trump en su resort de golf en Doral, Florida, reunió este sábado a doce mandatarios de derecha de América Latina y el Caribe con un objetivo declarado: coordinar una ofensiva regional contra el narcotráfico y la migración irregular. Sin embargo, el encuentro ha abierto un debate sobre si se trata realmente de una estrategia hemisférica o de un nuevo intento de Washington por reorganizar el tablero político del continente bajo su influencia.
La reunión se celebró en el complejo Trump National Doral Miami, propiedad del propio mandatario, y reunió a varios aliados ideológicos del republicano. Entre los asistentes estuvieron los presidentes de Argentina, Javier Milei; Bolivia, Rodrigo Paz; Costa Rica, Rodrigo Chaves; Ecuador, Daniel Noboa; República Dominicana, Luis Abinader; El Salvador, Nayib Bukele; Guyana, Mohamed Irfaan Ali; Honduras, Nasry “Tito” Asfura; Panamá, José Raúl Mulino; Paraguay, Santiago Peña; y Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, además del presidente electo de Chile, José Antonio Kast.
Pero más allá de la fotografía política, la cita dejó en evidencia una estrategia regional que privilegia afinidades ideológicas por encima de consensos amplios.
Durante el encuentro, Trump anunció la creación de una “Coalición de las Américas contra los Cárteles”, una alianza que, según afirmó, permitiría utilizar incluso fuerza militar para atacar a las organizaciones criminales.
El mandatario aseguró que hasta 17 países han manifestado su respaldo a la iniciativa y prometió acciones contundentes contra las redes del narcotráfico. En su estilo habitual, llegó a afirmar que Estados Unidos podría utilizar misiles de precisión contra líderes criminales si fuera necesario.
La propuesta se inscribe en lo que Trump denomina la “Doctrina Donroe”, una reinterpretación de la histórica Doctrina Monroe que durante el siglo XIX justificó la intervención de Washington en el hemisferio occidental.
Para la actual administración estadounidense, el crimen organizado, la migración irregular y la presencia de potencias rivales como China representan amenazas directas para su seguridad nacional.
Sin embargo, la lista de invitados ha generado cuestionamientos sobre el verdadero alcance de la iniciativa.
La cumbre dejó fuera a actores clave como Claudia Sheinbaum, presidenta de México; Luiz Inácio Lula da Silva, mandatario de Brasil; y Gustavo Petro, presidente de Colombia.
La ausencia de estos países resulta significativa. México es considerado el epicentro de las principales redes de narcotráfico que abastecen el mercado estadounidense; Brasil controla algunos de los principales puertos utilizados para el tráfico de cocaína hacia Europa; y Colombia continúa siendo uno de los mayores productores de cocaína del mundo.
Sin ellos, analistas consideran que cualquier estrategia regional corre el riesgo de convertirse en una alianza política limitada.
La agenda de la cumbre combinó seguridad con geopolítica. Washington busca frenar la expansión de China en América Latina, especialmente en sectores estratégicos como infraestructura, telecomunicaciones y minería.
En los últimos meses, la Casa Blanca ha presionado a gobiernos de la región para revisar acuerdos con empresas chinas, incluido el desarrollo de redes digitales y proyectos portuarios.
Al mismo tiempo, Trump ha intensificado su política migratoria, ampliando detenciones y deportaciones de migrantes indocumentados y exigiendo mayor cooperación de los países latinoamericanos para contener los flujos hacia la frontera sur de Estados Unidos.
Para varios gobiernos participantes, la alianza con Washington también tiene beneficios políticos y económicos.
La cercanía entre Trump y Milei facilitó el año pasado un apoyo financiero estadounidense de 20 mil millones de dólares para Argentina mediante un canje de divisas. En otros casos, como el de Ecuador, la cooperación militar con Estados Unidos forma parte de la estrategia del presidente Noboa para enfrentar una escalada de violencia ligada al narcotráfico.
Sin embargo, la viabilidad de esta nueva coalición depende de factores que van más allá de la voluntad de los actuales mandatarios.
Los cambios políticos en América Latina suelen ser rápidos, y muchos de los gobiernos alineados con Washington podrían enfrentar elecciones en los próximos años. Además, la memoria histórica de intervenciones estadounidenses en la región continúa generando desconfianza en amplios sectores de la población.
En ese contexto, la cumbre de Miami podría representar tanto el inicio de una nueva arquitectura de seguridad regional como un intento más de Washington por reconstruir su influencia en un continente cada vez más disputado.
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