A más de cinco años de que una mujer sufriera tortura a manos de agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE), la Comisión de Derechos Humanos (CDH) reconoció violaciones a sus derechos y recomendó la reparación integral del daño, así como sanciones contra los responsables.
Esto quedó establecido en la quinta recomendación que la CDH emite en lo que va del 2026, la cual es además la tercera del año dirigida al organismo encabezado por Idamis Pastor Betancourt.
La recomendación detalla que la víctima fue privada de su libertad por personal de la FGE, que ingresó a su casa sin autorización y sin presentar identificación, con el fin de arrestarla a ella y a su pareja en el municipio de Xiutetelco.
La acción de los agentes ocurrió como parte de una investigación por secuestro, por lo que ambos fueron llevados al centro penitenciario de Teziutlán.
No obstante, la víctima denunció que, antes de ello y durante su detención, fue agredida en repetidas ocasiones en rostro y abdomen, además de recibir golpes en rodillas, tobillos y muñecas.
Asimismo, pasó más de siete horas detenida en un lugar que nunca pudo identificar, donde recibió agresiones que le provocaron daño psicológico, y uno de los responsables de su detención intentó abusar sexualmente de ella.
A pesar de que la denuncia se presentó en 2020, fue hasta 2023 cuando personal de la CDH visitó a la víctima en el centro penitenciario de Morelos. Tras una evaluación, se encontró que presentaba estrés, depresión y ansiedad crónicos debido a lo ocurrido.
Con estos elementos, la Comisión determinó que los agentes de la FGE violaron los derechos humanos de la mujer, por lo que solicitó la reparación del daño a nivel psicológico y económico.
Específicamente, se indicó que se le debe brindar atención psicológica especializada hasta su recuperación total, así como otorgarle recursos que cubran los daños provocados por la actuación de los agentes.
De igual forma, se recomendó capacitar al personal de la FGE en materia de derechos humanos y perspectiva de género, así como inscribir a la mujer en la Comisión Estatal de Atención a Víctimas.
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