Un informe presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advierte que la estrategia de seguridad aplicada en El Salvador bajo el régimen de excepción impulsado por el presidente Nayib Bukele podría estar derivando en graves violaciones a derechos humanos que incluso encajarían en la categoría de crímenes de lesa humanidad.
El documento fue elaborado por el Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador (GIPES) y expuesto durante una audiencia pública de la CIDH realizada en Ciudad de Guatemala.
Según las conclusiones del análisis, las prácticas registradas durante el régimen de excepción no serían hechos aislados, sino que formarían parte de un patrón sistemático de actuación de fuerzas policiales y militares, que habría sido tolerado o promovido desde los niveles más altos del gobierno salvadoreño.
El informe sostiene que existen fundamentos razonables para considerar que varias de estas prácticas podrían constituir crímenes de lesa humanidad, de acuerdo con los parámetros establecidos en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
Durante la audiencia, Leonor Arteaga, representante de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), expuso que el gobierno de Bukele ha promovido internacionalmente el régimen de excepción como un modelo exitoso de combate al crimen, pero señaló que esa narrativa oculta los efectos que la política de seguridad ha tenido sobre miles de personas detenidas y sobre sectores críticos de la sociedad.
La especialista explicó que víctimas, periodistas y organizaciones civiles han denunciado un aumento de abusos estatales, incluyendo detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, vulneraciones al debido proceso y posibles actos de tortura. Según su exposición, el temor que durante años estuvo centrado en las pandillas ahora comienza a trasladarse hacia las propias instituciones del Estado.
Por su parte, la experta Susana SáCouto señaló que los datos recopilados por las organizaciones participantes apuntan a la posible comisión de delitos graves contra la población civil, entre ellos encarcelamientos contrarios al derecho internacional, tortura, asesinatos, desapariciones forzadas, violencia sexual y persecución.
Las cifras incluidas en el informe reflejan la magnitud de las denuncias: hasta agosto de 2025 se habían documentado al menos 403 muertes de personas bajo custodia estatal, entre ellas cuatro menores de edad, mientras que hasta febrero de 2025 se registraban 540 casos de desaparición forzada vinculados con el contexto del régimen de excepción.
Para los expertos, estos datos cuestionan el costo humano de la estrategia de seguridad promovida por el gobierno salvadoreño, que ha sido ampliamente publicitada como una política efectiva contra las pandillas.
Ante este panorama, el GIPES solicitó al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas la creación de una misión internacional independiente que investigue las denuncias y determine responsabilidades, con el objetivo de garantizar verdad, justicia y rendición de cuentas.
El informe cuenta con el respaldo de organizaciones internacionales como la Federación Internacional de Derechos Humanos, la Comisión Internacional de Juristas, InterJust, el proyecto de investigación IMPACTUM y el Programa para el Estudio de los Derechos Humanos en Contexto de la Universidad de Gante, en Bélgica.
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