La exdirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Puebla, Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández, enfrenta una investigación penal por el presunto delito de abuso de confianza, derivado de irregularidades detectadas tras el proceso de entrega-recepción de la dirigencia.
De acuerdo con información oficial, la denuncia fue presentada por el Comité Directivo Estatal del PAN y quedó registrada en la carpeta de investigación FGEP/CDI/FIR/ARCOALTEPEXI-II/004740/2025, abierta por la Fiscalía General del Estado de Puebla. La querella fue interpuesta el 27 de febrero de 2025 y actualmente es atendida por la unidad especializada en delitos como fraude y abuso de confianza.
Entre los principales señalamientos destaca la presunta desaparición de al menos 60 computadoras portátiles propiedad del partido, cuya adquisición y paradero han sido cuestionados por la dirigencia en funciones. De acuerdo con versiones internas, estas irregularidades salieron a la luz durante el proceso de revisión administrativa encabezado por el nuevo equipo directivo.
La secretaria general del PAN en Puebla, Genoveva Huerta Villegas, ha señalado que la compra de estos equipos pudo haber sido simulada y que el caso forma parte de una serie de anomalías detectadas en el manejo de recursos partidistas. Según sus declaraciones, estas prácticas habrían derivado incluso en sanciones económicas contra el partido durante 2024.
Además del caso de las computadoras, la gestión de Díaz de Rivera ha sido señalada por presuntas irregularidades en la remodelación del edificio sede del PAN estatal, así como por la adquisición de vehículos, entre ellos unidades de uso que habrían generado cuestionamientos internos por su destino y costo.
El proceso ha comenzado a escalar del ámbito político al terreno legal, en un contexto de tensiones al interior del panismo poblano, donde el relevo en la dirigencia abrió una revisión más amplia sobre el uso de recursos y bienes del partido.
Como parte de las diligencias, se prevé que la exdirigente sea llamada a comparecer ante el Ministerio Público para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades. La investigación se mantiene en curso.
