El gobierno estatal detectó diversas irregularidades en la operación de la empresa Agua de Puebla para Todos, también conocida como Concesiones Integrales, tras un diagnóstico que evidenció incumplimientos en su título de concesión, particularmente en el desvío de estándares de desempeño. Así lo informó el titular de la Coordinación de Gabinete, José Luis García Parra, quien explicó que estos hallazgos surgieron a partir de mesas de trabajo entre autoridades estatales y la empresa encargada del servicio en la capital y zona conurbada.
El funcionario detalló que estas irregularidades han derivado en un monto económico “importante”, cuyo cálculo final será presentado posteriormente. Precisó que una de las principales problemáticas detectadas es la existencia de discrepancias entre los resultados reportados por la empresa y las metas reales establecidas en su contrato, lo que refleja inconsistencias en la evaluación de su desempeño y en el cumplimiento de sus obligaciones.
Entre los puntos más relevantes, destacó que la concesionaria no ha cumplido con el plan de inversión comprometido, lo que impacta directamente en la calidad, cobertura y eficiencia del servicio de agua potable. Asimismo, se identificaron desviaciones en los indicadores de desempeño, lo que implica que la empresa no ha alcanzado los niveles de servicio que debía garantizar conforme a lo estipulado en su concesión.
Otro de los incumplimientos señalados por el gobierno estatal es la falta de apego al tercer convenio modificatorio firmado en marzo del año pasado, el cual establece que la empresa debe asegurar el abastecimiento de agua al menos cuatro días por semana. Este punto ha cobrado relevancia debido a los constantes reportes ciudadanos sobre deficiencias en el suministro, lo que ha incrementado el descontento entre usuarios.
A estas observaciones se suman antecedentes en los que activistas y autoridades ya habían advertido que la empresa no cumple con el saneamiento adecuado de aguas residuales, a pesar de que este servicio es cobrado en los recibos. Esta situación ha generado cuestionamientos sobre la transparencia en la operación de la concesionaria y el uso de los recursos obtenidos a través de las tarifas.
Por su parte, el gobernador Alejandro Armenta Mier señaló que, pese a las irregularidades detectadas, retirar la concesión no es la opción inmediata, debido a los riesgos financieros y legales que implicaría para el estado. Indicó que un proceso de cancelación podría prolongarse durante varios años y derivar en costos elevados, por lo que su administración analiza alternativas para corregir las fallas y garantizar el servicio sin comprometer las finanzas públicas.
Foto: Agencia Enfoque
