La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en coordinación con autoridades de Estados Unidos, informó sobre la imposición de sanciones a una red de personas y empresas del sector de juegos y apuestas en Tamaulipas. De acuerdo con la investigación, los involucrados estarían presuntamente vinculados con el Cártel del Noreste, lo que derivó en acciones conjuntas para limitar su operación financiera. El caso se centra en actividades detectadas en Nuevo Laredo.
Las sanciones fueron impulsadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en paralelo con el trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Las autoridades identificaron a tres personas físicas y tres morales relacionadas con operaciones en el sector de apuestas, señaladas por su posible participación en actividades ilícitas. Entre los implicados se encuentran Eduardo Javier Islas Valdez, conocido como “Crosty”, Juan Pablo Penilla Rodríguez y Jesús Reymundo Ramos Vázquez.
Como parte de las indagatorias, la UIF realizó un análisis financiero, fiscal y corporativo de las empresas involucradas. El estudio permitió detectar transferencias internacionales hacia jurisdicciones consideradas de riesgo, inconsistencias entre ingresos reportados y montos operados, así como movimientos de efectivo que no corresponden con la actividad declarada. Estos elementos apuntan a posibles irregularidades en el manejo de recursos.
Además, se identificaron esquemas que podrían estar relacionados con evasión fiscal y lavado de dinero dentro del sector de juegos y sorteos. Las autoridades señalaron patrones asociados a operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo que motivó la presentación de denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) para continuar con las investigaciones correspondientes. De manera paralela, la UIF compartió información con la Secretaría de Gobernación (SEGOB) para avanzar en la suspensión de actividades.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos indicó que los sancionados tendrían un papel relevante dentro de la estructura del grupo criminal en la región. De acuerdo con la información oficial, algunos de los implicados habrían desempeñado funciones específicas dentro de la organización, como la coordinación de tráfico de personas, el apoyo legal a integrantes del grupo y la difusión de mensajes para influir en la percepción pública. Estas actividades se vinculan con operaciones más amplias del grupo delictivo.
Entre los establecimientos señalados se encuentran el Casino Centenario y el Casino Diamante, operados por empresas relacionadas entre sí. Según las investigaciones, estas compañías habrían facilitado tanto el flujo de recursos ilícitos como su integración en la economía formal, lo que derivó en el bloqueo de bienes y la prohibición de transacciones en territorio estadounidense. Estas medidas buscan limitar la operación financiera del grupo y su acceso al sistema internacional.
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