La protesta de pensionados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Puebla, realizada este viernes frente a oficinas divisionales, puso en evidencia la inconformidad de ciertos sectores ante la reforma constitucional que busca modificar el esquema de pensiones en el sector público. Desde temprana hora, extrabajadores se concentraron para expresar su rechazo a los cambios en el sistema de jubilaciones.
Los manifestantes argumentaron la defensa de sus ingresos; sin embargo, el contexto de la reforma apunta a revisar esquemas de retiro considerados desproporcionados en relación con la realidad económica del país. En ese sentido, la protesta también reflejó la tensión entre la preservación de condiciones previas y el rediseño del sistema de pensiones.
El caso en Puebla se suma a otras expresiones de inconformidad registradas en el país, en medio del debate sobre el uso de recursos públicos. La movilización muestra cómo la discusión sobre pensiones no solo gira en torno a derechos laborales, sino también a la revisión de esquemas considerados onerosos dentro del aparato estatal.
En términos concretos, la reforma establece que ninguna pensión financiada con recursos públicos podrá superar el 50% del salario presidencial, lo que equivale actualmente a alrededor de 67 mil pesos mensuales netos. Este límite forma parte de una política orientada a reducir disparidades en el gasto público y es aplicable a diversas instituciones federales, estatales y municipales.
La enmienda fue aprobada con amplio respaldo en el Congreso, al alcanzar 458 votos a favor en lo general y 363 en lo particular, consolidando un cambio que busca reordenar el sistema de pensiones y reducir brechas entre altos mandos y el resto de los trabajadores del sector público, en línea con principios de austeridad y redistribución.
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