El gobierno de Puebla se sumó a la nueva ruta federal para reformar la procuración de justicia, en un momento donde el modelo de seguridad y legalidad en el país busca reconfigurarse desde la coordinación institucional y el fortalecimiento de las fiscalías.
Durante la presentación del Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029, encabezado por la titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy Ramos, el gobernador Alejandro Armenta respaldó la implementación de este esquema nacional, al señalar que busca garantizar el acceso a la justicia como un derecho y no como un privilegio.
El plan se inserta dentro de la estrategia de seguridad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, con un enfoque que prioriza la atención a víctimas, el combate a delitos de alto impacto y la desarticulación de estructuras criminales a través de inteligencia e investigación científica.
En este contexto, la fiscal general explicó que el nuevo modelo apuesta por una transformación operativa basada en equipos multidisciplinarios, protocolos homologados y una presencia territorial más amplia, con intervención directa en las 32 entidades del país, además de una cobertura específica en municipios considerados prioritarios por su incidencia delictiva.
Desde la perspectiva estatal, Armenta planteó que la adhesión de Puebla implica no solo alinearse a la estrategia federal, sino revisar la estructura local de procuración de justicia. En ese sentido, instruyó al consejero jurídico, Raúl Pineda Zárate, a elaborar un diagnóstico sobre la integración de la Fiscalía en la entidad, con el objetivo de fortalecer su funcionamiento institucional.
Este movimiento se da en un escenario donde la coordinación entre niveles de gobierno se vuelve central para enfrentar problemáticas estructurales como la impunidad y la desconfianza ciudadana, retos que el nuevo plan busca atender mediante una mayor articulación operativa y una redefinición del papel de las fiscalías en el sistema de justicia.
El gobierno estatal sostuvo que la implementación de este modelo apunta a consolidar una justicia más cercana, eficaz y con enfoque social, en línea con los principios de la política nacional de seguridad.
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