Cada ocho días, una vida se apaga bajo custodia del ICE. Durante los primeros meses de 2026, 54 migrantes han muerto en centros de detención o durante operativos migratorios, según el informe publicado este jueves por Human Rights Watch y Physicians for Human Rights. Es la frecuencia más alta registrada en casi dos décadas, superior incluso a la de la pandemia de Covid-19, y el reflejo más crudo de una política migratoria construida sobre el odio y la deshumanización.
La muerte de Lorenzo Salgado, como la de las otras 53 víctimas, nos muestra que la estrategia de Trump se sostiene en la expansión agresiva de la detención migratoria. En enero de 2026, el número de personas detenidas alcanzó un récord de más de 71.000. Detener por detener. Castigar por castigar. Sin importar las vidas que se pierdan en el camino.
El derecho internacional de los derechos humanos es claro: el Estado tiene la obligación de respetar y garantizar el derecho a la vida. Cuando un gobierno detiene a una persona, asume una responsabilidad aún mayor de proteger sus derechos, lo que incluye proporcionar atención médica adecuada y otras garantías básicas. Es sumamente alarmante que nada de esto ocurra en Estados Unidos. Y más grave aún: no existe un organismo internacional con capacidad real para detener esta injusticia.
Entonces la pregunta es inevitable: ¿qué están haciendo los gobiernos de los países de origen para dignificar no solo la vida de sus connacionales, sino también su muerte y el dolor de las familias que quedan?
México, el país con el mayor número de detenidos, ha enviado notas diplomáticas de protesta formal al Gobierno de Estados Unidos, una por cada víctima mexicana. Las respuestas se limitaron a la apertura de investigaciones internas que no produjeron sanciones ni modificaron las prácticas del ICE.
Ante la falta de resultados, el gobierno mexicano dejó atrás las notas y tomó medidas legales internacionales. Cuatro acciones jurídicas simultáneas: denuncias penales ante fiscalías estadounidenses, demandas civiles contra las empresas que operan las cárceles migratorias, solicitud de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y un reclamo formal ante el alto comisionado de derechos humanos de la ONU, Volker Türk.
El anuncio fue contundente: México inicia una ofensiva legal contra el ICE tras la muerte de 17 ciudadanos mexicanos en centros de detención y operativos migratorios. Es la primera vez que un Gobierno demanda al ICE. Y no es cualquier gobierno: es México, que en reiteradas ocasiones ha demostrado su interés por proteger a sus connacionales en Estados Unidos.
México, el país con más de 30 millones de mexicanos y mexicanos en Estados Unicos, está alzando la voz una vez más en la política internacional. Pero lo más importante es que lo hace contra Estados Unidos, con quien las relaciones ya se están tensionando. Y eso tiene mucho que ver con la política interna que sostiene el gobierno mexicano: una política basada en la defensa de la soberanía, pero también de la humanidad.
¿Cuántos países se atreven a denunciar al verdugo? ¿Lo harían Argentina, Ecuador, Chile o Venezuela en este momento? La mayoría calla. México, en cambio, ha decidido hablar y actuar.
Este no es un gesto diplomático menor. Es un acto de dignidad ante quienes buscan, ya no solo tratarnos como patio trasero, sino como personas cuya vida no vale nada. La demanda contra el ICE es una declaración de principios: la vida de los migrantes importa, y su muerte no quedará impune.
Mientras Trump expande su maquinaria de detención y muerte, México ha decidido plantar cara. No con discursos, sino con acciones legales. No con sumisión, sino con soberanía. Porque la lucha por la vida de los migrantes es también la lucha por la dignidad de todo un continente que se niega a ser pisoteado.
Foto: Diario Red
