El Departamento de Justicia de Estados Unidos propuso ampliar los métodos de ejecución para condenados por delitos federales, en medio de dificultades para acceder a fármacos utilizados en inyecciones letales. La iniciativa contempla incorporar opciones como el pelotón de fusilamiento, la electrocución y la asfixia por gas, lo que marcaría un cambio relevante en la política de aplicación de la pena capital en el país.
De acuerdo con el informe presentado por el fiscal general en funciones, Todd Blanche, la medida busca garantizar la continuidad de las ejecuciones legales ante la escasez de medicamentos, una problemática que ha retrasado procesos en los últimos años. El documento plantea ajustes en los protocolos para permitir el uso de métodos considerados constitucionales y ya contemplados en algunas legislaciones estatales.
La propuesta se enmarca en el retorno de la pena de muerte como prioridad del gobierno encabezado por Donald Trump, quien reactivó su aplicación durante su primera administración tras una pausa de dos décadas. En ese periodo se llevaron a cabo 13 ejecuciones federales, todas mediante inyección letal, lo que sentó precedentes para la política actual.
Además, Blanche informó que se han autorizado nuevas solicitudes de pena de muerte contra al menos nueve personas, luego de que se revocara la moratoria implementada durante el gobierno de Joe Biden. Esta decisión refuerza el giro en la política penal federal, que ahora busca agilizar los procesos y evitar demoras en la ejecución de sentencias.
El informe también instruye a la Oficina de Prisiones a actualizar sus protocolos para incluir métodos alternativos. Entre ellos destacan prácticas históricas como la electrocución y el pelotón de fusilamiento, así como la asfixia por gas, reintroducida recientemente en algunos estados, lo que amplía el abanico de opciones disponibles para las autoridades.
Este enfoque contrasta con la administración anterior, durante la cual se conmutaron decenas de sentencias de muerte y se redujo significativamente el número de personas en el corredor federal, reflejando un cambio de postura en torno a la pena capital. La nueva estrategia busca, según autoridades, asegurar la ejecución de sentencias sin depender exclusivamente de insumos farmacéuticos.
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